Mercedes González, segunda jefa de la Guardia Civil en ser imputada tras Luis Roldán: "Es un escándalo"
El 22 de marzo de 2023, María Gámez presentó su renuncia como directora de la Guardia Civil. La noticia, conocida por la mañana, pilló desubicados a los periodistas que siguen la información del Ministerio del Interior. Eran años en los que el Gobierno no estaba inmiscuido en casos de corrupción –de manera pública, luego se demostró que eran legión– y nadie alcanzaba a descifrar el movimiento de la mujer de confianza del ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska. Al poco se descubrió: lo dejaba porque su marido fue citado como investigado en una derivada del «caso ERE». Tres años después, la Benemérita tiene imputados a la nueva directora general, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas –máximo mando operativo– por estar inmiscuidos presuntamente en las «cloacas del PSOE» para frenar investigaciones judiciales y policiales.
«Gámez dimitió por mucho menos», subrayó un mando del Instituto Armado tras conocerse la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y, sobre todo, la decisión del propio Marlaska de mantener «su confianza» en ella y en el teniente general, «que seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera», informaron fuentes de Interior. «Es un auténtico escándalo».
Mercedes González es la segunda directora general del Instituto Armado a la que le consta la condición de investigada. El primero fue Luis Roldán, quien se enriqueció ilícitamente cobrando mordidas por las remodelaciones de los cuarteles de la Benemérita y al que se le localizaron cuentas millonarias en Suiza. Al iniciarse la investigación, se fugó de España y pasó una larga temporada en París, donde fue localizado por dos periodistas de «El Mundo». Más tarde se entregó en Bangkok por la obra y gracia del difunto espía Francisco Paesa.
La imputación de Mercedes González, y del teniente general Manuel Llamas, provocó ayer una reacción unánime de las principales asociaciones profesionales del Instituto Armado, que han reclamado su salida de la cúpula del cuerpo para preservar la imagen de la institución.
La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) fue una de las primeras en exigir la dimisión «inmediata e irrevocable» de la jefa «política» del Instituto Armado y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que la permanencia de ambos al frente de sus responsabilidades resulta «insostenible» y compromete «gravemente» el prestigio del cuerpo. La organización aseguró en un comunicado que la imputación de Mercedes González y de Llamas supone «la gota que colma un vaso ya rebosante de escándalos» y ninguno de los dos pueden mantenerse en el cuerpo porque, a su juicio, la principal seña de identidad de la Guardia Civil es la «ejemplaridad y el estricto cumplimiento de la ley». En el caso de la jefa «política» añadieron que, dada su condición, está «obligada moralmente a cumplir con el principio que rige a este cuerpo» y que, por «dignidad institucional», debe salir del cuerpo cuanto antes.
Jucil destacó también que el trabajo ejecutado por la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado es «impecable» y el «reflejo de la verdadera esencia de la institución: la búsqueda de la verdad y la justicia caiga quien caiga, con independencia y profesionalidad».
En la misma línea se pronunciaron otras asociaciones profesionales que representan a los mandos de la Guardia Civil –Asociación Suboficiales Guardia Civil (Asesgc), Unión de Oficiales y Asociación Profesional de Cabos–, que en otro comunicado conjunto manifestaron su «consternación» tras la resolución judicial del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Según explicaron, la imputación de la cúpula del cuerpo no sólo genera una pérdida de «prestigio» en la imagen del Instituto Armado sino también en la «confianza» de la ciudadanía. Y, al igual que Jucil, fueron tajantes al señalar que la investigación de la directora general y del DAO es «incompatible» con su permanencia en el cargo. En este sentido, recordaron que el artículo 92 de la ley de Régimen del Personal del Instituto Armado establece que el procesamiento o investigación por un delito puede derivar en una suspensión del cargo y que, dada la legislación, no se entiende que quienes «aplican esos criterios sean inmunes a ellos cuando les afectan».
También la Asociación Unificada de Guardias Civiles (Augc) reclamó la dimisión de Mercedes González y el cese del DAO. La organización defendió que la situación exige una respuesta inmediata para proteger la credibilidad de la Guardia Civil y preservar la confianza de los ciudadanos en la institución y añadió que el hecho de que Anticorrupción haya solicitado también la imputación de ambos «ya no cabe hablar de estrategia política alguna». «La situación es insostenible. Cualquier guardia civil investigado por hechos vinculados al servicio sufre consecuencias inmediatas en su carrera profesional. No cabe un doble rasero para la cúpula», apuntaron en un comunicado.
Las cinco organizaciones coincidieron en subrayar que sus peticiones no cuestionan la presunción de inocencia de los investigados, sino que responden a una exigencia de responsabilidad institucional y ejemplaridad en el ejercicio de cargos de máxima relevancia en el Cuerpo.
Desde su piso en París, Luis Roldán confesó en la entrevista con los periodistas que tenía dos opciones: «O me pego un tiro, o tiro de la manta». Al final no hizo ninguna de las dos. Con menos dramatismo, está por ver qué opción elige Mercedes González.