En Perú hay 280 policías condenados por diversos actos de corrupción
Los suboficiales de tercera Aron Franchito Romero Arribasplata (26) y Freddy Cachique Sinarahua (27) purgan 18 años de prisión por robar en una sede del Banco de la Nación en Loreto. En el asalto, ocurrido en 2021, murió baleado el suboficial PNP Sergio Rengifo Aspajo, al tratar de repeler el ataque.
"Imagínate cómo mira a los policías que ingresan al penal cuando hay requisas. Ellos ya son más malviviente que policía”, revela un indignado agente penitenciario.
Hasta marzo de este año, la población penitenciaria intramuros en condición de empleabilidad como profesionales antes de su ingreso a un establecimiento penitenciario alcanzó la cifra de 2.247 personas. Pero, de ellas, 970 internos (43,2%) pertenecieron a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.
Hasta el primer trimestre de este año, unos 280 policías habían sido condenados por diversos actos de corrupción, mientras que otros 1.200 efectivos continúan bajo investigación penal. Esta crisis institucional ha contribuido a que la confianza ciudadana en la institución caiga a niveles históricos.
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Los efectivos son procesados por delitos de extorsión, cobro de cupos, capturas ilegales, manipulación de informes y, en los casos más graves, vínculos directos con organizaciones criminales, sicariato y bandas de extorsionadores.
Solo entre 2024 y 2025, la Inspectoría General de la PNP expulsó a más de 1.000 policías por haber cometido faltas muy graves, en una de las depuraciones internas más fuertes dentro de la institución.
DOS ESCÁNDALOS EN LA PNP
Para colmo, este miércoles, el suboficial PNP Alex Oblitas Chambi, miembro de las Águilas Negras que disparó contra el conductor Lizandro Arellano Quintana en el cruce de las avenidas Canevaro y Castro Iglesias, en San Juan de Miraflores, permanece detenido.
La persecución se habría originado ante la negativa del conductor a detenerse, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad tras recibir un disparo y perdiera la vida.
La viuda de José Arellano Quintana, el conductor venezolano que murió de un impacto de bala, exigió justicia en los exteriores de la Depincri de ese distrito. Ella denunció haber sido golpeada y acusó al suboficial implicado de negligencia grave.
Al respecto la Defensoría del Policía se pronunció y aseguró que eo efectivo policial actuó en medio de una situación de riesgo. Indicaron que el conductor se negó a detenerse durante la intervención, no quiso identificarse e intentó continuar su marcha.
Además, sostienen que el chofer y la cobradora habrían agredido al suboficial quien incluso habría sido impactado por el vehículo mientras realizaba el procedimiento.
Sin embargo, otro caso emblemático de este año ocurrió en Ate, luego de que el Poder Judicial dictara 12 meses de prisión preventiva contra nueve policías de la Comisaría PNP Vitarte, incluido el comisario de dicha dependencia, a pedido de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este (Segundo Despacho).
Los efectivos son investigados por los presuntos delitos de banda criminal y cohecho pasivo propio, debido a que habrían exigido pagos indebidos a conductores en la carretera Central para evitar imponerles papeletas de tránsito.
Sobre estos y otros casos, el comando de la PNP precisó que la intervención en Ate formó parte de las acciones que impulsa la institución para enfrentar posibles actos irregulares dentro de sus propias filas. En ese sentido, señaló que estas labores buscan prevenir, detectar y combatir presuntos actos de corrupción que puedan afectar la integridad institucional y la confianza de la ciudadanía.
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Aseguran que la lucha contra la corrupción no distingue grados, cargos ni funciones. Cuando existen indicios razonables y mandatos emitidos por las autoridades competentes, la Policía Nacional actúa con firmeza, objetividad y transparencia, y contribuye al fortalecimiento de una institución cada vez más íntegra, profesional y cercana a la población.
“Precisamente para proteger ese esfuerzo legítimo y preservar la credibilidad de la Institución, actuamos con determinación frente a quienes traicionan el uniforme, la confianza ciudadana y los valores que juraron defender”, asegura el comandante general, Óscar Arriola.
Ante los abusos de poder y los actos de corrupción, la ciudadanía exige que la PNP continúe investigando, corrigiendo y sancionando cuando corresponda, porque el honor institucional se fortalece al enfrentar los problemas con valentía, transparencia y decisión.
La ley se aplica a todos por igual. Sin excepciones. Sin privilegios. Sin espíritu de cuerpo frente a la corrupción.
ENSUCIARON EL UNIFORME
En algunos penales donde malos efectivos purgan prisión, el comentario es que a los penitenciarios no les gustan los policías delincuentes. "Eran policías y ensuciaron el uniforme", es el reproche que les hacen constantemente.
En la "política" carcelaria están prohibidos los abusos policiales. Además, quien se compromete con algo tiene que cumplir con su palabra. El que rompe esas normas es denunciado y podría ser expulsado o trasladado de pabellón o de prisión.
En ese sentido, el comando de la Policía Nacional informó que la institución mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de los principios de legalidad, ética, disciplina y vocación de servicio.