La UE aprueba su primer plan para frenar el sobrecoste de la vida en islas y zonas costeras

El coste de vivir en una isla puede disparar los gastos de transporte en más de un 300% respecto al continente y elevar el precio de la vivienda hasta un 130%, una realidad que Bruselas ahora se propone mitigar con fondos y políticas a medida. Unos 112 millones de europeos –una cuarta parte de la población de la Unión– viven en territorios que, hasta hoy, carecían de una hoja de ruta específica en las instituciones comunitarias.

Con la aprobación este miércoles de las primeras estrategias dedicadas exclusivamente a las islas y a las comunidades costeras, la UE busca saldar una deuda histórica con unas regiones «vitales para la identidad» del continente, pero que enfrentan desafíos de supervivencia específicos. Estas iniciativas, según Raffaele Fitto, vicepresidente comunitario de Cohesión y Reformas, se enfocan en «mejorar el transporte, impulsar las energías renovables, fortalecer las economías locales y hacer frente a los retos demográficos».

En España, las medidas afectarán especialmente a territorios como Canarias y Baleares, así como a amplias zonas costeras de Galicia, Andalucía o la fachada mediterránea, donde la presión turística y los riesgos derivados del cambio climático se han intensificado en los últimos años.

Muchas islas sufren las limitaciones derivadas de su aislamiento geográfico, la dependencia de economías estacionales y una mayor exposición a fenómenos ambientales extremos; mientras, las comunidades costeras están en la «primera línea» de una crisis que, de no actuar, podría causar daños por inundaciones de hasta 961.000 millones de euros a finales de siglo. El plan se basa en invertir hoy en protección para evitar pagar la factura mañana: cada euro invertido en adaptación climática ahorrará 14 euros en daños futuros.

Para controlar estas amenazas se ha puesto en marcha la iniciativa OceanEye, un sistema de vigilancia oceánica que busca anticipar riesgos y proteger tanto el ecosistema marino como la economía azul, que agrupa actividades ligadas al mar y genera unos 263.000 millones de euros al año en la UE. También comenzarán, antes de finales de 2026, tres proyectos piloto de adaptación climática en zonas costeras especialmente vulnerables, con una dotación de 30 millones de euros de financiación. Por otra parte, se fomentará el relevo generacional en sectores tradicionales como la pesca a través de la estrategia de «Renovación Generacional Azul», prevista para 2027.

«Desde los parques eólicos del Báltico hasta el pescaturismo portugués, estamos transformando las amenazas en oportunidades», aseguró Fitto.

Otro de los puntos sensibles de la estrategia es la crisis inmobiliaria, especialmente agravada en estas zonas por un turismo desequilibrado y la proliferación de viviendas de uso no residencial. Para frenar el «abandono de las islas» por parte de los jóvenes, la Comisión presentará una Ley de Vivienda Asequible que permitirá a las autoridades locales identificar zonas bajo presión y tomar medidas para proteger a los residentes.

El plan prevé además una coordinación más estrecha entre las instituciones europeas y las autoridades regionales y locales para adaptar las medidas a las necesidades de cada territorio.

Con este despliegue, la UE no solo busca proteger su geografía, sino garantizar que los 17 millones de isleños y 95 millones de residentes costeros tengan el mismo «derecho a quedarse» en sus hogares que el resto de los europeos.