Sheinbaum enmienda la reforma judicial en su primer aniversario
Sheinbaum corrige la reforma estrella que heredó de López Obrador: la elección de jueces por voto popular. Cuando se cumple un año de que los mexicanos fueran convocados a las urnas a escoger a jueces, magistrados e incluso a los ministros (jueces) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha visto obligada a meter el bisturí a la iniciativa para "democratizar" la justicia mexicana. La principal medida será retrasar la elección prevista para junio de 2027 hasta el primer domingo de 2028, en esta nueva cita electoral, los mexicanos tenían que sustituir al 50% de jueces de carrera restantes.
La razón oficial de la modificación de fecha es que no coincida con unas elecciones legislativas -que, obviamente, ya estaban previstas y agendadas desde antes de que se aprobara la reforma judicial- donde se elegirán gobernadores, diputaciones, diputados y alcaldes en 17 estados de la República. La logística electoral no estaba preparada para tamaña fiesta de la democracia.
Simplificar el caos
Pero además, con el cambio de fecha, se pretende simplificar el caos que fue la primera elección judicial en junio del año pasado. El futuro de la justicia de México lo decidieron solo el 13% de los mexicanos, una histórica baja participación.
El año pasado, los mexicanos eligieron a un total de 881 jueces, magistrados y ministros (jueces) de la Suprema Corte entre más de 3.422 candidatos. Imposible conocerlos a todos. Estaba previsto que en el verano de 2027 se escogiera al 50% restante. Además, la primera cita electoral estuvo rodeada de polémica porque para «facilitar» la tarea de decisión de los votantes el Gobierno repartió unos «acordeones» con nombres y fotos de candidatos judiciales.
Básicamente, unas "chuletas" con cómo votar y a quién votar. En esas «guías» que repartió el Gobierno salía el nombre y la foto de Lenia Batres, una abogada aupada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para ser jueza en la Corte Suprema mexicana y autodesignada como "ministra del pueblo".
En esta "reforma de la reforma", aprobada por el Legislativo el pasado jueves, se propone la reducción del número de candidatos; será una comisión quien seleccione a las cuatro personas mejor evaluadas y, después, una insaculación pública para reducir a dos candidatos por cargo. En la primera elección se tenían que escoger entre 10 candidatos.
Cada votante escogerá a un juez y un magistrado
Además, se simplifica la papeleta electoral. Cada votante escogerá a un juez y a un magistrado para cada una de las especialidades. Y sobre todo, con esta reforma se capacitará de forma permanente y obligatoria a todos los jueces y magistrados. Hay que recordar que en México cualquier licenciado en Derecho con una nota media de 8 puede presentarse a ser juez. Incluso para ser juez de la Suprema Corte.
La falta de preparación de los candidatos escogidos en 2025 es una fuente de preocupación. En este primer año de jueces populares, más de una decena de jueces que fueron elegidos el pasado mes de junio han presentado su dimisión o pidieron excedencia a los pocos meses de estar en el cargo. Aunque fueron por diferentes motivos, los analistas ven aquí un ejemplo de falta de experiencia de los nuevos perfiles.
Antes de las elecciones, cientos de jueces de carrera se acogieron a una jubilación temprana, pero todavía no han recibido sus indemnizaciones. Cuando el expresidente López Obrador aprobó la transformación de la justicia a contrarreloj, solo unos días antes de terminar su mandato, lo hizo para depurar de corrupción y abusos en la Judicatura.
Escándalos agitan la Suprema Corte
En los primeros doce meses de lo que tendría que haber sido una justicia más austera, varios escándalos han agitado la Suprema Corte. La más alta corte de la nación compró nueve vehículos blindados de lujo "Jeep Gran Cherokee", uno para cada uno de sus ministros (jueces). La noticia generó tal debate público que el presidente Hugo Aguilar, el primer indígena en presidir la más alta instancia judicial, tuvo que devolverlas. «Es una nueva corte y debe haber una visión distinta para la gente», dijo Sheinbaum en su momento.
La sombra de Estados Unidos tampoco planea muy lejos. La reforma judicial coincide con la muy delicada negociación del T-MEC, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que tiene que definir el futuro comercial de América del Norte en las próximas semanas. En un contexto de presión de Estados Unidos hacia México por no hacer suficiente para combatir a los cárteles, se une la preocupación por la falta de seguridad jurídica de las inversiones de sus vecinos del norte. Varios artículos del actual convenio exigen que las partes mantengan una separación e independencia de la justicia con respecto del poder ejecutivo para garantizar las inversiones. Por la cuenta que le trae a México, es posible que estos ajustes no sean los únicos para definir el futuro de la justicia.