El PP potencia una ley frente a los beneficios de los exmiembros de ETA para defender la voz de las víctimas
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición de ley orgánica para blindar el cumplimiento efectivo de las penas de los condenados por terrorismo, con especial énfasis en los exmiembros de ETA. El objetivo es defender las voz de las víctimas que no siempre se refrenda con las decisiones de la Ejecutiva vasca.
El texto, impulsado por la vicesecretaria Cuca Gamarra y firmado por la portavoz Ester Muñoz el 14 de mayo, exige que cualquier terrorista que aspire al tercer grado o a la semilibertad haga una "declaración expresa, pública e inequívoca de perdón". Misma consigna reclamada desde hace meses por las asociaciones de víctimas al Gobierno vasco que solamente ha sido respaldada por los tribunales.
Además, las víctimas adquieren un papel activo que hasta ahora no tenían. La reforma modifica el Estatuto de la Víctima para que puedan presentarse ante el juez a recurrir cualquier decisión que implique la salida de prisión del condenado. La política penitenciaria del Gobierno vasco y la salida de Txeroki han motivo la medida presentada.
El Congreso esquiva al Senado
La iniciativa deberá lidiar con el Congreso. En varias ocasiones la Cámara Alta ha buscado terminar las "facilidades" con las que cuentan los exmiembros de ETA. Desde las filas populares, con mayoría absoluta en el Senado, se ha instado al Gobierno a garantizar una política penitenciaria para los miembros de la banda armada regida con el "máximo rigor y respeto a la legalidad vigente".
Las propuestas que han arribado al Congreso han sido rechazadas. La última la presentada por UPN para evitar que los exmiembros de la banda pudieran optar a una plaza en el profesorado. Esta vez se aspira a un nuevo giro.
La facción socialista de Navarra, a través de su portavoz, acusó en 2024 al PP de "utilizar" los trámites parlamentarios para "difamar a las y los socialistas". En este sentido, Interior se remite a que las competencias son de carácter autonómico en su gran mayoría. Esta coyuntura ha elevado varias decisiones a la Justicia. Anboto o Gadafi han visto revocadas sus semilibertades o beneficios penitenciarios.
Con una pequeña división entre los tres campos, se han producido un total de 149 terceros grados, ya sea acordados por el Gobierno vasco o antes de la cesión de competencias; 61 libertades condicionales, que en algunos casos han sido revocadas por la Fiscalía ante las demandas de las asociaciones de víctimas y un poco menos de 20 semilibertades gracias a la flexibilización del artículo 100.2.