México impulsará una reforma para investigar si candidatos tienen vínculos con el crimen organizado antes de las elecciones
El gobierno de Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una reforma a la ley electoral de México para permitir que las autoridades verifiquen si los aspirantes a cargos públicos tienen vínculos con la delincuencia organizada. La iniciativa busca regir desde las elecciones de 2027, en las que se renovará el poder legislativo junto con las gobernaciones y alcaldías del país.
La propuesta contempla la creación de una comisión a cargo de los organismos electorales que trabaje junto con la fiscalía y las entidades antilavado con el fin de descartar nexos entre candidatos y el crimen. Luisa María Alcalde, consultora jurídica de Sheinbaum, explicó que la verificación no será obligatoria para los partidos políticos y que sus resultados no tendrán carácter vinculante, aunque sí podrán derivar en una investigación formal en sede judicial.
Detenciones impulsan debate sobre infiltración criminal
La víspera del anuncio, las autoridades mexicanas informaron la detención de seis políticos locales por extorsión y lazos con organizaciones criminales. Con esos casos, el total de funcionarios arrestados por ese tipo de delitos asciende a 70 desde 2024, una cifra que refleja la magnitud del problema que la reforma busca atacar desde el origen.
El contexto también está marcado por la presión de Estados Unidos para que México detenga y extradite al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, vinculado por Washington al cártel que fundó Joaquín "Chapo" Guzmán. Rocha ya solicitó licencia para apartarse del cargo. Sheinbaum, en tanto, pidió más evidencias al Departamento de Justicia antes de actuar: "No se encubre a nadie, cuando hay pruebas, se procesa", afirmó en su rueda de prensa.