Las constructoras ralentizan la ejecución de obra pública por la subida de los precios
Las obras públicas están empezando a avanzar al ralentí en España. Ante el fenomenal incremento de los precios provocado por el conflicto de Oriente Medio, las compañías han comenzado a ralentizar algunos proyectos a la espera de que la situación mejore y los costes bajen dado que las administraciones no parecen por la labor de aprobar un mecanismo de revisión como ha solicitado el sector, según explican fuentes del sector al tanto de la situación.
Lo que están haciendo algunas compañías en determinados proyectos es reducir su actividad al mínimo, según explican las mismas fuentes. De este modo, añaden, eluden tener que detener el proyecto por completo, lo que implicaría trámites administrativos más complejos para las empresas.
El encarecimiento de los precios ha provocado que la situación se haya vuelto especialmente delicada para aquellas compañías que ejecutan contratos de carreteras. Los precios de los betunes y de las emulsiones asfálticas se han disparado casi un 50% desde el inicio de la guerra en Irán, según datos de la patronal de las grandes constructoras, Seopan. Su presidente, Julián Núñez, llegó incluso a cuestionar a finales de abril la viabilidad de muchos de estos proyectos a los precios actuales. «Muchas obras de pavimentación dudo que se hagan con estos precios del betún. Es muy difícil que una empresa las asuma si el precio del betún, que representa el 80% del presupuesto, ha crecido un 50%. Es imposible, es que quiebra», aseguró el directivo.
Los materiales para asfaltar no son, sin embargo, los únicos que se han disparado por la guerra. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) asegura que la mayoría de empresas del sector han experimentado incrementos de costes superiores al 15% derivados como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.
En concreto, más del 60% de las constructoras ha registrado aumentos superiores al 20% en el precio de los carburantes y una de cada cuatro sitúa ese incremento por encima del 30%, según una reciente encuesta de la patronal, que asegura que la guerra está impactando de forma media o alta al 90% de las compañías del sector.
Al coste de los carburantes se suma el energético. El 85% de las compañías consultadas asegura haber sufrido incrementos del coste eléctrico de hasta el 20%, una situación especialmente preocupante para aquellas actividades intensivas en el uso de maquinaria, tanto en obra pública como en edificación residencial, donde la energía representa aproximadamente el 40% de los costes de producción, añade la patronal.
A pesar de los elevados sobrecostes que está provocando el conflicto, la CNC asegura que el 80% de las constructoras los ha asumido íntegramente ante la imposibilidad de renegociar los costes. Según la CNC, únicamente un 3% de las empresas ha logrado reequilibrar los contratos firmados, mientras que un 15% se encuentra actualmente en proceso de renegociación y un 56% asegura haber intentado revisar las condiciones sin éxito.
La patronal asegura que el impacto también comienza a trasladarse al empleo, hasta el punto de que el 22% de las constructoras está considerando reducir plantilla como consecuencia del incremento de costes. Y entre aquellas que descartan esta posibilidad, el 60% admite que la escasez de mano de obra es el principal condicionante.
El abandono de un trabajo es más conflictivo, por lo que están optando por «servicios mínimos»
El hecho de tener que asumir estos sobrecostes contra sus resultados está empezando a tener un impacto directo sobre la actividad del sector. El 56% de las compañías reconoce haber reducido ya su actividad o estar valorando hacerlo próximamente.
Los resultados de la consulta han llevado a la patronal de la construcción a reclamar una vez más una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Desindexación para excluir de su aplicación a los contratos públicos y permitir mecanismos automáticos de revisión de precios. Una reclamación que, por el momento, ha caído en saco roto y que no ha recibido respuesta del Gobierno que, sin embargo, sí que ha autorizado a la empresa pública Tragsa y su filial Tragsatec a aplicar revisiones de precio de modo excepcional por la guerra.
Como informó LA RAZÓN, según consta en una resolución del 24 de abril de 2026 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 28 de abril, el Ejecutivo ha autorizado a Tragsa y a su filial a actualizar sus precios en dos circunstancias: siempre que las desviaciones que se produzcan sobre la tarifa aprobada para cada tipo de materiales, arrojen una variación, al alza o a la baja, superior al 20%» y en casos en los que haya licitaciones desiertas.