La educación como motor del crecimiento: evidencia económica y desafíos recientes en el Perú

Por Cristian Adderly Maravi Meneses, profesor de Economía de la Universidad de Piura.

En el ámbito de la ciencia económica contemporánea existe un consenso prácticamente inamovible: el desarrollo de las naciones en el largo plazo no depende únicamente de la acumulación de activos físicos o recursos naturales, sino, fundamentalmente, del fortalecimiento de sus sistemas educativos. La evidencia teórica y empírica acumulada en las últimas décadas sugiere que la prosperidad de una sociedad está intrínsecamente ligada a la calidad y cantidad de conocimiento que reside en sus ciudadanos.

Robert Lucas Jr., Premio Nobel de Economía, formuló un modelo de crecimiento en el que el capital humano es el motor central. Su tesis es clara: un país alcanza un crecimiento sostenido si sus habitantes dedican una fracción significativa de su tiempo a la acumulación de conocimientos y si la eficiencia con la que se procesa dicha formación es elevada. Para Lucas, el crecimiento es, en última instancia, un "logro intelectual continuo", alimentado por un flujo constante de nuevas ideas. Bajo esta premisa, la educación no es un gasto, sino la inversión con mayor tasa de retorno social, capaz de generar externalidades que benefician a toda la estructura productiva.

Las claves: tiempo y eficiencia

El proceso de acumulación de capital humano puede analizarse a través de dos dimensiones críticas. La primera es el tiempo dedicado, que medimos comúnmente mediante los años de escolaridad y la intensidad de la jornada académica. Las políticas de oferta, como la extensión de la obligatoriedad de la educación secundaria o la implementación de la Jornada Escolar Completa (JEC), son fundamentales para garantizar que el estudiante permanezca en un entorno de aprendizaje. Complementariamente, por el lado de la demanda, las transferencias monetarias condicionadas, los servicios de alimentación escolar y los programas de becas actúan como incentivos potentes para evitar la deserción y mitigar el impacto del trabajo infantil, permitiendo que el joven se dedique exclusivamente a su formación profesional.

La segunda dimensión es la eficiencia o calidad. No basta con que un estudiante pase años dentro de un aula; es imperativo que dicho tiempo se traduzca en competencias reales. Aquí es donde la "economía de la educación" ha brindado sus mayores luces recientemente. Investigaciones lideradas por los premios Nobel Abhijit Banerjee y Esther Duflo han demostrado, mediante experimentos aleatorios controlados (EAC), que la provisión de insumos básicos —como libros de texto— no garantiza por sí sola una mejora en el aprendizaje si no se acompaña de reformas pedagógicas que atiendan el nivel real del alumno.

En el Perú, este marco conceptual encontró una aplicación práctica sin precedentes durante la última década. La gestión liderada por Jaime Saavedra marcó un punto de inflexión que posicionó a la educación en el centro de la agenda pública. Bajo su liderazgo, se consolidaron reformas estructurales que buscaron elevar tanto la cobertura como la calidad. La creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) fue un hito en la búsqueda de condiciones básicas de calidad para el sistema universitario, mientras que la implementación de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) permitió captar y potenciar el talento de los estudiantes más destacados del sector público.

Buenas prácticas en el Perú

Jaime Saavedra, hoy una figura influyente en el Banco Mundial, impulsó una visión en la que la meritocracia y la gestión basada en resultados eran los ejes. Durante su periodo como ministro de Educación, el Perú experimentó mejoras sostenidas en las pruebas PISA, reflejando que una reforma decidida puede mover la aguja de los estándares internacionales. Programas como Beca 18 se convirtieron en herramientas de movilidad social real, rompiendo el ciclo de pobreza para miles de familias.

La filosofía detrás de estas reformas coincidía con lo expuesto por Lucas: las ideas y la capacidad de resolver problemas son activos que residen en las personas y el Estado debe ser el facilitador para que ese potencial florezca. El crecimiento de la productividad de una nación se alimenta de ciudadanos capaces de innovar y adaptarse a un mercado globalizado e interconectado.

Inestabilidad y desfinanciamiento

Sin embargo, el progreso no es lineal ni está garantizado. En el último quinquenio, hemos sido testigos de un debilitamiento sistemático de estas políticas. La alta rotación de funcionarios en los ministerios de Educación y de Economía y Finanzas ha erosionado la continuidad técnica necesaria para reformas de largo aliento. La inestabilidad política ha actuado como un freno de mano, debilitando instituciones como la Sunedu y poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de los programas de becas.

Es particularmente preocupante la crisis que enfrentan hoy programas emblemáticos como Beca 18 y la Beca Bicentenario. Informaciones recientes sugieren una reducción sustancial en las metas de financiamiento, lo que podría dejar a cerca de 20.000 jóvenes talentosos sin la oportunidad de acceder a educación superior por falta de fondos públicos. De igual manera, la paralización de las becas para estudios de posgrado en las mejores universidades del mundo representa un retroceso estratégico. Como se señala en la teoría de Lucas, el intercambio de ideas a nivel global y la formación de una clase educada que interactúe con la frontera tecnológica es vital para la productividad. Limitar el acceso a posgrados internacionales es, esencialmente, cercenar nuestra capacidad de innovación futura.

El origen de esta crisis no es solo presupuestario; es una cuestión de prioridades políticas. La Beca Bicentenario y la Beca 18 no son dádivas; son los mecanismos de "sustitución" más eficientes para generar capital humano en un contexto donde el mercado de crédito para la educación suele fallar. Sin el apoyo estatal, el talento se pierde y la productividad nacional se estanca.

En defensa del futuro

La evidencia económica es contundente: un país más educado produce bienes y servicios de mayor calidad, incrementa su salario de equilibrio y potencia su competitividad internacional a través de ventajas comparativas sólidas. La educación genera un círculo virtuoso de inversión y consumo que retroalimenta el bienestar general.

No obstante, como advierten Banerjee y Duflo, las políticas participativas y de reforma pueden fallar si no hay un compromiso institucional serio y una ejecución libre de los vicios de la burocracia ineficiente. El Perú no puede permitirse retroceder a la época de la mediocridad educativa. La defensa de Beca 18, de la Beca Bicentenario y de la autonomía de los entes reguladores de calidad debe ser una causa nacional.

Cada joven que ve truncada su posibilidad de estudiar es una pérdida neta para el Producto Bruto Interno del futuro y, sobre todo, es una injusticia que debilita el contrato social. La educación es la única ruta segura hacia un crecimiento que no solo sea sostenido, sino también inclusivo. Es momento de que la sociedad civil y la academia defiendan con firmeza las reformas que tanto esfuerzo costó edificar. El capital humano es nuestro activo más valioso; no permitamos que la miopía política del presente hipoteque el futuro de las próximas generaciones.