Iván Poduje por viviendas sociales en el sector oriente: “Tenemos que explicar que la ciudad es de todos”
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, abordó el desafío de implementar proyectos de integración social en las comunas de mayores ingresos de la capital. En entrevista con Meganoticias, el secretario de Estado admitió que han enfrentado oposición en Las Condes, Lo Barnechea y La Reina, pero enfatizó que la segregación urbana actual obliga a realizar un trabajo de participación profundo para derribar desconfianzas.
Según Poduje, el objetivo es permitir que personas que nacieron en esos sectores no tengan que abandonar sus barrios por los elevados precios de los arriendos. “Es normal que, cuando hemos construido una ciudad tan segregada, existan estas desconfianzas”, sostuvo el titular de la cartera, reafirmando que el plan de edificación social en estas zonas sigue firme bajo la premisa de que “la ciudad es de todos”.
También se refirió a la compleja situación en el sector El Olivar, en Viña del Mar, donde se procedió a la demolición de viviendas tras detectarse fallas críticas. Poduje citó informes del IDIEM de la Universidad de Chile que acreditan riesgos sísmicos severos y el uso de materiales no certificados para la altura de las edificaciones, afectando a cerca de 350 familias.
Pese a la resistencia de la inmobiliaria a cargo, el Ministerio ha avanzado en la revocación de contratos con la mayoría de los afectados. “Tenemos argumentos sólidos; la inmobiliaria está en contra de nuestra decisión, pero las casas tienen riesgos severos”, precisó la autoridad, descartando dar pie atrás en la medida de seguridad.
Denuncia de tráfico de influencias contra exdirector del Serviu
En un flanco judicial, Poduje reveló que se encuentra impulsando una acusación de tráfico de influencias contra el exdirector del Serviu, vinculada a las irregularidades detectadas en la zona. La autoridad espera que los beneficios de reconstrucción se traspasen correctamente a precio de mercado y, de lo contrario, adelantó gestiones directas con la Cámara Chilena de la Construcción.
Esta ofensiva fiscalizadora busca limpiar los procesos de asignación de proyectos en este 2026, asegurando que los recursos fiscales destinados a la emergencia habitacional no se pierdan en gestiones administrativas viciadas.
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