Comunidades del Valle del Huasco acusan incumplimiento en plan ambiental de Pascua Lama luego de 5 años

Un duro revés comunicacional y judicial enfrenta el proyecto minero Pascua Lama. A principios de abril, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta revisó los avances del «Plan de Restauración y Puesta en Valor del ecosistema altoandino», un acuerdo firmado hace cinco años entre la minera Barrick Gold y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para reparar el daño ambiental causado en la zona.

Tras esta instancia, la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, que actúa como tercero coadyuvante en el proceso judicial, emitió una declaración pública denunciando el «incumplimiento total» de las medidas de mitigación y exigiendo que no se aprueben las modificaciones de plazo solicitadas por la empresa.

El conflicto central radica en la destrucción de 13,8 hectáreas de vegetación nativa y 2,6 hectáreas de humedales de altura. Para comprender la magnitud del daño, es importante dimensionar la fragilidad de estas especies: la Azorella madrepórica y las vegas altoandinas (humedales de montaña que actúan como reservas vitales de agua dulce y sumideros de CO2).

El plan original establecía un plazo de cinco años para restablecer las condiciones hídricas y biológicas de una vega afectada. Sin embargo, en la reciente audiencia, Barrick Gold y el CDE presentaron una propuesta para extender el plan por dos años más (hasta agosto de 2026) y modificar sus indicadores de éxito.

Para las comunidades del Valle del Huasco, esta maniobra busca encubrir un fracaso que advirtieron desde 2019. Según la Asamblea, el lugar elegido para la restauración era una zona que la minera utilizó como acopio y estacionamiento de maquinaria pesada, lo que hacía «casi imposible la restitución del flujo hídrico y la recomposición del suelo».

A esto se suma una grave denuncia de daño colateral: para intentar restaurar la zona muerta, se extrajeron 3.000 muestras vivas («cores») desde vegas completamente sanas. Las comunidades acusan que esta intervención se hizo con maquinaria invasiva, sin respetar las distancias comprometidas, generando un estrés irreversible y una «nueva pérdida de biodiversidad».

Este escepticismo fue compartido por los propios magistrados durante la audiencia. El juez Cristián López cuestionó abiertamente si los nuevos indicadores propuestos por la minera (como medir solo un porcentaje de humedad en el suelo) realmente garantizan la «funcionalidad ecológica» del humedal a largo plazo. Por su parte, la jueza Sandra Álvarez acorraló a las partes pidiendo respuestas cerradas («cumplido o no cumplido») sobre las cinco medidas del acuerdo.

El ejercicio dejó en evidencia que la medida principal —el restablecimiento de las condiciones hídricas— solo alcanzó un 50% de cumplimiento, lo que llevó al Consejo de Defensa del Estado a evitar dar por cumplido el plan y reservar su derecho a denunciar.

«No se pueden restaurar, solo queda resguardarlos»

Frente a la evidente falta de resultados, la Asamblea por el Agua del Guasco Alto solicitó formalmente al tribunal rechazar la prórroga y las modificaciones, argumentando que se presentaron fuera de plazo y que vulneran el principio de indemnidad ambiental.

«Las razones dadas para modificar y extender la medida no son serias, solo buscan justificar el incumplimiento de las metas cambiando las reglas del juego. No queremos más intervención e impactos, ya ha sido suficiente. Necesitamos que dejen tranquilos estos sistemas frágiles», señala la declaración de la agrupación.

Finalmente, las comunidades hicieron un llamado urgente a las autoridades y a la justicia a entender que los ecosistemas de la alta cordillera son irremplazables. «Las vegas altoandinas no se pueden restaurar y lo único que queda es no permitir su destrucción», concluyeron, a la espera de que el Tribunal Ambiental tome una resolución definitiva.

 

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