Petición constitucional y denuncia penal presionan a la CC por amparo que Morfín no agenda y afecta elección del fiscal general

La inacción de la Corte de Constitucionalidad (CC) frente a un amparo pendiente desde hace más de un mes ha encendido las alarmas en uno de los momentos más sensibles para la institucionalidad del país.

Es noticia. El caso, identificado con el número 1926-2026, oficial 7.°, fue promovido el 4 de marzo por el abogado Raúl Amílcar Falla Ovalle y está relacionado directamente con el proceso de selección de candidatos a fiscal general del Ministerio Público (MP). Sin embargo, hasta la fecha, el pleno del máximo tribunal constitucional no lo ha conocido ni resuelto.

• La situación se vuelve aún más grave porque tres magistrados titulares de la CC solicitaron formalmente a la presidenta del tribunal, Gladys Annabella Morfín, recién electa en el cargo, que convocara al pleno para conocer el amparo, en cumplimiento de los plazos constitucionales y legales.
• La solicitud fue presentada el 14 de abril, apenas horas después de la toma de posesión de la nueva magistratura. A pesar de ello, Morfín no ha convocado a sesión extraordinaria ni ha dado una explicación pública sobre su negativa.
• El artículo 180 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad es explícito: la Corte debe sesionar cuantas veces sea necesario y está obligada a celebrar sesiones extraordinarias cuando lo soliciten dos o más magistrados. En este caso, el requisito se cumplió plenamente. La omisión, por tanto, no es discrecional, sino una posible violación directa a la ley.

Qué destacar. Ante este escenario, el propio accionante del amparo presentó una petición constitucional para que el pleno conozca el caso y denunció que ha transcurrido más de un mes de total inactividad, incumpliendo el plazo obligatorio para resolver acciones de esta naturaleza.

• En su memorial, el abogado recordó incluso el discurso de toma de posesión de la presidenta Morfín, quien prometió velar por el respeto a los plazos constitucionales y evitar la politización de la Corte. Esa promesa, señala, contrasta con la conducta actual del tribunal.
• Pero el conflicto escaló aún más este 17 de abril, cuando también fue presentada una denuncia penal contra la presidenta Morfín por presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y denegación de justicia, entre otros.
• La denuncia se sustenta precisamente en su negativa a convocar al pleno, pese a la petición expresa de tres magistrados y a la urgencia del proceso en curso.

Por qué importa. Las consecuencias de esta inacción no son meramente formales.

• La Comisión de Postulación para fiscal general se encuentra entrampada desde el mediodía del viernes en el análisis del expediente del ministro Marco Antonio Villeda, quien habría incumplido uno de los requisitos establecidos por la propia comisión.
• Este impasse impide concluir ese mismo día la calificación de los 49 postulantes y retrasa la elaboración del listado final de seis profesionales que debe ser enviado al presidente Bernardo Arévalo, según el cronograma oficial, el 17 de abril.
• La falta de resolución del amparo abre la puerta a un riesgo mayor: que sean incluidos en la nómina candidatos que no cumplen con los requisitos constitucionales y legales, lo cual podría provocar la nulidad del proceso completo y obligar a repetirlo desde cero, con el consiguiente daño institucional y administrativo.

En conclusión. A esto se suma el silencio institucional. Morfín no responde a solicitudes de información ni a requerimientos de prensa, lo que agrava la percepción de opacidad.

• En la CC no existe vocería oficial, por lo que la responsabilidad recae directamente en la presidencia del tribunal.
• Al no convocar al pleno de la CC, la presidenta Morfín atrasa una resolución clave en el proceso del Ministerio Público, y coloca a la Corte en una posición incompatible con su papel de garante del orden constitucional.
• En un Estado de derecho, la omisión deliberada también es una forma de responsabilidad, y sus efectos ya comienzan a sentirse en uno de los procesos más importantes del sistema de justicia.