Sindicatos policiales avisan de los riesgos en la verificación de antecedentes a migrantes

Los principales sindicatos policiales SUP y Jupol critican que la regularización extraordinaria de migrantes se apruebe "de espaldas" a los profesionales de la seguridad con un proceso de tramitación "externalizado" que incrementa, advierten, los riesgos de fraude, errores o deficiencias en la verificación de identidad y antecedentes de los solicitantes.

Recriminan al Gobierno que apruebe este real decreto "sin refuerzo policial, consenso ni planificación operativa" y tildan de "grave" que el Ejecutivo haya optado por "apartar" en buen parte del proceso a las oficinas de Extranjería de la Policía Nacional.

Jupol avisa de que si la recogida y gestión inicial de solicitudes recae en entidades externas como oficinas de Correos o estructuras ajenas al sistema policial se reducirán las garantías en un proceso especialmente sensible.

Respecto a los antecedentes penales, el sindicato recuerda que una persona puede no contar con antecedentes pese a haber sido detenida recientemente, debido a los plazos judiciales y a que muchos procedimientos tardan meses, e incluso años, en resolverse.

En esta línea, el Sindicato Unificado de Policía reitera que "sin verificación real de antecedentes", especialmente en casos donde existen limitaciones de acceso a información internacional, el sistema pierde capacidad para detectar perfiles de riesgo.

"Si el control de antecedentes se debilita, se dificulta la detección de estos perfiles, reduciendo la capacidad preventiva de la Policía y afectando directamente a la seguridad ciudadana", señalan.

Ambos sindicatos, en sendos comunicados que recoge Efe, instan al Ministerio del Interior y al Gobierno de España que aclaren de manera urgente qué refuerzo de efectivos se destinará a las unidades de Extranjería y Fronteras, qué medios tecnológicos y humanos se van a habilitar, qué protocolos se seguirán para la comprobación de identidad y antecedentes y qué impacto operativo tendrá esta decisión en las comisarías de todo el territorio nacional.

"El problema no es la regularización en sí misma, sino cómo se lleva a cabo. Sin control efectivo de antecedentes, sin coordinación europea y sin refuerzo de medios, se corre el riesgo de debilitar el sistema y trasladar la presión a las fuerzas de seguridad", concluyen desde el SUP.