Juristas recurrirán el acuerdo del CGPJ que suprime "la protección de salud laboral"
La Asociación Francisco de Vitoria recurrirá el acuerdo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adoptó por el Pleno de la institución en materia de prevención de riesgos laborales el pasado 25 de marzo al considerar que "elimina la protección de salud laboral" de jueces.
Así lo ha comunicado la asociación en una nota de prensa en la que denuncia que, "en lugar de cumplir el mandato del Tribunal Supremo, el CGPJ vacía de contenido su sentencia y la protección que venía reconociéndose", dejando, a su juicio, la salud de la carrera judicial en un terreno menos garantista.
Se refiere a una sentencia de la Sala de lo Social del Alto Tribunal que instó al CGPJ "a establecer criterios sobre carga de trabajo por motivos de salud laboral", recogidos en el Plan de Prevención. Para la asociación, el mandato "no puede ser desactivado mediante un acuerdo contrario a su espíritu".
Según explica, no reclama "derechos nuevos o excepcionales" sino "no ir hacia atrás", en referencia al acuerdo que el propio CGPJ ya había asumido hace años en materia de prevención y salud laboral.
Explican, además, que este nuevo acuerdo deroga un artículo del Reglamento de la Carrera, "la única norma que reconocía el derecho a una protección eficaz de seguridad y salud, remitiendo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales" y, por tanto, "sustituyendo derechos exigibles por disposiciones discrecionales".
El acuerdo adoptado ahora por el CGPJ fue "adoptado sin audiencia previa a las asociaciones judiciales" y "sin informe de impacto de género", lo que añade "un problema de forma a un problema ya grave de fondo", según la portavoz de la asociación, Marien Ortega. Fue, incluso, adoptado sin tener en cuenta el criterio del vocal Carlos Hugo Preciado, que impulsaba una política más estructural en la prevención de riesgos laborales.
"Cuidar la salud de los jueces es cuidar la salud de la Justicia. No se trata de proteger a un colectivo frente a los demás, sino de asegurar que la persona que entra en un juzgado encuentre una justicia imparcial, serena y de calidad. Porque cuando se debilitan las condiciones en las que trabajan quienes juzgan, se debilita también la confianza del ciudadano en la Justicia", concluye.