Es oficial: puede ser ilegal que un vecino instale cámaras que graben zonas comunes, así lo recoge la ley
En los últimos tiempos muchos vecinos han optado por reforzar la seguridad de sus viviendas mediante cámaras privadas, videoporteros con imagen o cerrojos adicionales. Estas medidas buscan aportar tranquilidad, pero no siempre se aplican correctamente. En algunas comunidades, incluso se han puesto en marcha protocolos de vigilancia vecinal para detectar comportamientos sospechosos. Sin embargo, una instalación mal planteada puede generar conflictos y vulnerar derechos fundamentales.
Uno de los fallos más frecuentes ocurre cuando una cámara colocada en una vivienda particular termina grabando pasillos, portales, patios, balcones o cualquier espacio compartido. Esto sucede porque muchos dispositivos tienen un ángulo de visión amplio o funciones de giro que, sin intención, captan áreas que no pertenecen al propietario. Aunque la intención sea proteger la vivienda, grabar zonas comunes sin permiso puede convertirse en un problema legal serio.
La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que ningún propietario puede instalar cámaras que graben zonas comunes sin el consentimiento de la comunidad. El artículo 7.1 permite modificar elementos del edificio solo si no se altera la seguridad, la estructura o la configuración exterior. Y el artículo 17.3 exige el voto favorable de tres quintas partes de los propietarios para instalar sistemas de vigilancia. Esto significa que colocar una cámara apuntando a espacios compartidos no puede hacerse de forma unilateral.
Las imágenes solo pueden usarse para seguridad, nunca para otros fines
La normativa también subraya que las grabaciones deben destinarse exclusivamente a fines de seguridad. No se pueden captar imágenes de la vía pública —salvo una franja mínima imprescindible para acceder al domicilio— ni de viviendas colindantes o espacios ajenos. Cualquier uso distinto, como vigilar a otros vecinos o registrar su actividad, constituye una vulneración del derecho a la intimidad.
Cuando una cámara privada invade zonas comunes sin autorización, la comunidad puede exigir su retirada y, en casos graves, iniciar acciones legales. Además, si las imágenes se utilizan para fines distintos a la seguridad o se difunden sin consentimiento, pueden entrar en juego otras normas, como la Ley Orgánica de Protección de Datos o incluso el Código Penal, dependiendo del daño causado.
La instalación de cámaras es compatible con la ley siempre que se respete la intimidad de los demás. Para evitar conflictos, lo recomendable es informar a la comunidad, solicitar autorización cuando sea necesario y ajustar el dispositivo para que solo grabe el interior de la propiedad. La seguridad no puede convertirse en una excusa para invadir espacios compartidos ni para registrar la vida de otros vecinos.