Aldama activa seguridad privada para su familia

El empresario Víctor de Aldama ha contratado seguridad privada para su familia –según ha podido saber LA RAZÓN– tras reclamar sin éxito protección a Interior después de que sus revelaciones a la Fiscalía Anticorrupción y en sede judicial hayan resultado claves para sentar en el banquillo al exministro José Luis Ábalos y a quien fuera su asesor Koldo García. Una colaboración con la Justicia que también llevó a prisión al ex secretario de Organización Santos Cerdán, investigado en la Audiencia Nacional por el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones ilegales.

El comisionista –que fruto de sus revelaciones se enfrenta a una petición de condena de la Fiscalía de siete años de cárcel, muy inferior a los 24 años que reclama para Ábalos y los 19 y medio que pide para Koldo– redobló su demanda de protección tras entregar en la Audiencia Nacional el sobre acerca de la supuesta financiación irregular del PSOE a través de la petrolera venezolana PDVSA, cuando denunció en un vídeo divulgado a través de las redes sociales haber recibido «amenazas de muerte». En esa ocasión, reprochó a PP y Vox, ambas formaciones acusaciones populares en el «caso Koldo», que no movieran ficha en este sentido.

Especializada en proteger a "altas personalidades"

A unos días del comienzo del juicio, según las fuentes consultadas, Aldama optó finalmente la semana pasada por contratar seguridad privada para su entorno familiar más cercano. El empresario no ha confiado esa tarea a Desokupa –en una de sus comparecencias en el Tribunal Supremo se hizo acompañar por el líder de la empresa especializada en desalojos, Daniel Esteve–, aclaran esas mismas fuentes, sino que ha recurrido a «una empresa que ha custodiado a altas personalidades», a gente «muy importante». Una empresa especializada que, explican, también brinda protección a nivel autonómico a «directores generales, diputados, autoridades de diputaciones provinciales» e incluso a «presidentes regionales».

Aldama, separado de su mujer Patricia hace más de un año, habría querido así proteger a su actual pareja y a la hija menor de edad fruto de su matrimonio, aunque las fuentes consultadas no precisan a qué miembros de su entorno familiar ha facilitado esa protección (el empresario tiene un hermano).

«¿Dónde está mi seguridad?», se preguntaba en el citado vídeo de forma retórica, reclamando medidas efectivas antes de la celebración de la vista oral. Hasta el punto de que una acusación popular del «caso Koldo», la Asociación Liberum, reclamó por escrito a la Fiscalía Anticorrupción a través de su presidenta, María Concepción Cuevas, que se adoptaran medidas para garantizar la seguridad de Aldama tras otorgar «suficiente credibilidad a sus palabras» y teniendo en cuenta sus «gravísimas manifestaciones» y el «inminente inicio del juicio».

La respuesta de la Fiscalía

Pero dado que la acusación popular del «caso Koldo» está unificada bajo la representación letrada del PP, desde la Fiscalía Anticorrupción se instó a la presidenta de la Asociación Liberum a canalizar esa petición a través del Partido Popular, algo que finalmente desistió de intentar.

Aldama, a quien Ábalos y Koldo responsabilizan en buena medida de su delicada situación procesal, se sienta también en el banquillo pero para los otros dos acusados es prácticamente una acusación más. La defensa del exasesor ministerial ha llegado a manifestar que actúa «como brazo de la acusación» (la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que representa el PP). Y, de hecho, su letrada hizo hincapié en que Koldo declarase después del empresario para poder defenderse de sus imputaciones, puesto que –se quejó Letizia de la Hoz– «manteniendo formalmente la condición de acusado, actúa de facto ejerciendo una labor de acusación contra otros coimputados».

Aldama, contra la suspensión

Esa dualidad de la que se quejan las defensas se evidenció a poco de empezar el juicio en el Tribunal Supremo, cuando el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, se desmarcó de la petición de la letrada de Koldo –con la que sí cerró filas el abogado del exministro de Pedro Sánchez– de que se suspendiera la vista oral por estar pendiente de resolución un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Aldama habría recibido amenazas de muerte tras depositar en la Audiencia Nacional el sobre con documentación sobre la supuesta financiación irregular del PSOE –que mientras estuvo en prisión custodió uno de sus socios–. El pasado 29 de enero, en su declaración como investigado por el «caso hidrocarburos», aireó de nuevo el tema al ser preguntado por el fiscal por el contenido del sobre: «Eso es algo que tenemos que negociar directamente con ustedes, porque estamos hablando de la financiación ilegal del partido».