Plan de deshacinamiento de penales beneficiará a 24 mil internos
El sistema penitenciario peruano finalizó el mes de marzo bajo una presión logística y humanitaria sin precedentes, según revelan las últimas cifras del Instituto Nacional Penitenciario. El fenómeno del hacinamiento en cárceles de Perú se ha consolidado como el desafío más urgente para la seguridad nacional, afectando la operatividad de los recintos y la integridad de los internos.
Este hacinamiento crítico, superando los 100.000 internos en instalaciones diseñadas para poco más de 41.000, representa una sobrepoblación superior al 130%.
El gobierno lanzó hoy el Plan Nacional de Deshacinamiento para evaluar más de 24.000 expedientes y aplicar beneficios penitenciarios en un sistema colapsado.
Solo el penal de Lurigancho alberga a casi 10.000 internos, con capacidad para solo 3.200. El penal de Tarma registra un nivel de hacinamiento del 181%.
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Este excedente poblacional no solo complica la convivencia interna, sino que limita los esfuerzos de rehabilitación social efectiva.
SOBREPOBLACIÓN
Así, esta mañana el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, presentó el Plan Nacional de Deshacinamiento que atiende el problema público de la sobrepoblación penitenciaria mediante un nuevo enfoque que integra la gestión eficiente de egresos y el reimpulso de la construcción de penales.
“Este Plan de Deshacinamiento no va a poner, en ningún caso, en peligro a la ciudadanía, no vamos a liberar a delincuentes peligrosos. Este plan se ha elaborado con el objetivo de analizar los egresos potenciales que pueden darse en los penales en mérito a la gravedad de los delitos. Estamos planteando que se tomen en cuenta la aplicación de beneficios penitenciarios, de expulsión o traslado de ciudadanos extranjeros y también de conmutaciones de pena, gracias presidenciales. Todo eso es parte del plan, está integrado”, explicó el titular del sector Justicia.
Jiménez expresó que esta iniciativa apuesta por un egreso técnico y focalizado, por lo cual de acuerdo a un primer análisis cerca de 24.739 internos podrían ser susceptibles de acogerse al plan, previa evaluación del INPE y del Poder Judicial. En ese sentido, se aplicará una estrategia coordinada que considera los beneficios penitenciarios, conversión de penas, redención por trabajo, conmutaciones de pena, traslados, entre otros procedimientos.
También anunció que, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se convocará a 500 personas para que se incorporen como agentes penitenciarios y en asistencia técnico – legal. De esta manera, se generarán las condiciones para que exista más orden y control en los penales.
FINALIZARÁN 4 PENALES
En cuanto a infraestructura, el plan considera el reimpulso de la construcción de infraestructura penitenciaria que proyecta 3.202 unidades de albergue con la finalización de los establecimientos de Abancay, Iquitos, Arequipa y Pucallpa.
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En la primera fase del Plan, el INPE presentará un primer lote de 5.000 expedientes al Poder Judicial a fin de establecer una coordinación y para generar el próximo egreso de internos por delitos de menor peligrosidad.
Como parte de esta iniciativa, el equipo técnico ha identificado fallas administrativas (expedientes incompletos, procesos manuales y lentos y falta de registros actualizados) así como judiciales (demoras en audiencias, falta de envío de sentencias e incumplimiento de plazos).
La estrategia operativa de esta nueva iniciativa se ejecutará en cinco fases durante los años 2026 y 2028.
En los siguientes meses se aplicará la fase dos que considera casos complejos donde se determine la semilibertad o libertad condicional, la fase tres que considera un importante grupo de ciudadanos extranjeros, así como la vigilancia electrónica, y las fases cuatro y cinco que abarca la digitalización y la institucionalización de este modelo.