ACOFAVE cuestiona cambios en licitación de camiones y pide rehacer proceso
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo.- La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (ACOFAVE) manifestó este martes su preocupación por las modificaciones realizadas al proceso de licitación para la adquisición de camiones compactadores, al considerar que no corrigen las irregularidades previamente señaladas.
El gremio indicó que los ajustes introducidos por el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) a las reglas del proceso resultan insuficientes, ya que no abordan las distorsiones estructurales que, a su juicio, afectan la transparencia, la competencia y la credibilidad del procedimiento.
En ese sentido, sostuvo que las condiciones actuales continúan siendo incompatibles con la realidad del mercado, lo que en la práctica limita la participación de oferentes debidamente calificados.
ACOFAVE también explicó que los camiones compactadores no son equipos disponibles para entrega inmediata, sino unidades que se fabrican bajo pedido, mediante procesos técnicos que incluyen la integración del chasis y el sistema compactador, lo que implica plazos de entrega de entre cuatro y ocho meses a nivel internacional.
A partir de esto, calificó como inaceptable que se mantengan requisitos que no guardan proporción con la dinámica del sector, advirtiendo que esto desvirtúa el carácter técnico de una licitación pública y puede convertirla en un proceso excluyente.
Asimismo, alertó que la inclusión de requisitos no técnicos o mal formulados en procesos de compras públicas contribuye a generar desconfianza y la percepción de que se diseñan condiciones para favorecer a actores específicos.
La entidad también subrayó que una adquisición de esta naturaleza no debe evaluarse únicamente por la rapidez de entrega, sino que debe considerar factores como la calidad de los equipos, el respaldo técnico, el mantenimiento y la sostenibilidad operativa.
Finalmente, ACOFAVE reiteró su llamado a una reformulación total del proceso, de manera que las condiciones respondan a criterios técnicos, razonables y transparentes, en beneficio tanto del sector como del Estado y la ciudadanía.
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