Florida elimina cursos de sociología por considerarlos ‘agenda woke’: una alerta para la autonomía universitaria
En días recientes, medios como The Guardian, CBS y el Miami Herald han informado sobre la decisión que tomó el estado de Florida, en Estados Unidos, de eliminar los cursos de Introducción a la Sociología como parte de la formación obligatoria en sus universidades estatales. Esto, justificado únicamente con el argumento de que los cursos de Sociología forman parte de “una agenda woke”, contraria a los intereses del gobernador republicano, Ron DeSantis.
Esto se suma a acciones anteriores en dicho estado que pretendían modificar el contenido de estos cursos para eliminar componentes asociados al estudio del fenómeno de la estratificación social, lo cual tuvo un rechazo contundente por parte de las autoridades universitarias y la Asociación Americana de Sociología.
Guardando la distancia obvia entre un sistema federal como el estadounidense y uno presidencial como el costarricense, estos hechos nos llevan a valorar una vez más la autonomía de las universidades públicas que está consagrada en el artículo 84 de nuestra Constitución Política de 1949. El grupo de constituyentes sabía que el conocimiento y el provenir de las universidades no deben estar sujetos a los intereses políticos de uno u otro gobierno, sino a las grandes necesidades de la sociedad costarricense; décadas más tarde, podemos constatar que los resultados de esta visión son tangibles e indudablemente exitosos.
Resulta paradójico que fueran precisamente influyentes sociólogos estadounidenses quienes señalaron la importancia de las estructuras democráticas y la independencia de las universidades para favorecer el desarrollo de las ciencias y su incidencia en la sociedad.
Fue el sociólogo Robert K. Merton, de la Universidad de Harvard, quien identificó la ventaja que tienen los sistemas democráticos por sobre los autoritarios al generar condiciones óptimas para el quehacer científico. A su vez, Charles Wright Mills, de la Universidad de Columbia, señaló en la década de 1950 que las Ciencias Sociales tienen la responsabilidad de llevar a los públicos amplios (no solo a las élites o gobernantes) la posibilidad de entender la relación entre sus preocupaciones individuales y los grandes problemas sociales de las sociedades contemporáneas.
La imposición política sobre el contenido y la enseñanza de las ciencias va en contra de la naturaleza misma de la Ilustración, que permitió la difusión y el desarrollo de las ideas científicas en las sociedades occidentales. Más aún, quienes fustigan disciplinas científicas alegando adoctrinamiento son, a su vez, quienes están censurando contenidos de sus propias universidades.
De igual manera, quienes han planteado que las universidades públicas de Costa Rica participan de un “adoctrinamiento ideológico” son usualmente quienes hoy aspiran a silenciar medios de comunicación que no les sean afines, o bien, a instrumentalizar las instituciones del Estado para perseguir criterios disidentes.
Este caso ocurrido en Florida no se trata solo de la sociología o de las ciencias sociales. Trata del quehacer académico y su vulnerabilidad adonde florecen ideas autoritarias. ¿Qué pasaría si el estudio del cambio climático que realiza la física aplicada se considera woke por políticos que niegan la existencia de este fenómeno?, ¿o qué tal si se restringe la enseñanza de la biología porque atenta contra determinadas ideas religiosas?
Ante el escenario en el que nos encontramos, cualquier contenido de una disciplina académica puede ser un potencial objeto de censura si no coincide con la percepción de la realidad que comparte un grupo de políticos o, peor aún, podría llegar el momento en que se enseñen diversas ideas pseudocientíficas como conocimiento verdadero si un gobierno lo impone.
Es por esto que la autonomía universitaria es crucial para que las instancias académicas hagan el trabajo que les corresponde sin presiones políticas de cualquier índole y es también, en nuestro caso, la garantía de que la educación superior pública costarricense funcione como una política de Estado y no como el estado de la política.
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Tadeo Masís González es sociólogo.