Ortiz identifica 13 leyes que avalaron contrataciones directas
El exsenador Óscar Ortiz identificó 13 leyes y más de 110 decretos que habilitaron contrataciones directas durante gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Se trata de una investigación de publicada en 2019 y detalla el marco normativo que permitió aplicar esta modalidad en entidades estratégicas del nivel central.
Ortiz señaló que varias disposiciones fueron incorporadas en leyes del Presupuesto General del Estado sin amplio debate legislativo.
Óscar Ortiz
Según explicó, estas normas se incluyeron en artículos de las denominadas leyes financieras que aprueba la Asamblea cada gestión.
“Se estableció la contratación directa como modalidad general en entidades públicas y empresas estratégicas”, afirmó el exlegislador en redes sociales.
El exsenador consideró necesario avanzar hacia una nueva normativa que evite la repetición de hechos de corrupción.
“Es fundamental contar con una ley que impida estos abusos en futuras gestiones”, sostuvo en una publicación reciente.
El análisis coincide con la entrada en vigencia del Decreto Supremo 5600, promulgado por el gobierno de Rodrigo Paz.
Normas
La norma dispone la transparencia de los procesos de contratación directa y elimina más de 160 decretos previos.
Estas disposiciones habían permitido contrataciones por más de Bs 7.900 millones durante administraciones anteriores.
Ortiz indicó que al menos diez de las trece leyes identificadas incluyeron estas autorizaciones dentro del presupuesto estatal.
Una de las primeras normas se remonta a octubre de 2009, en la ley que aprobó el presupuesto para la gestión 2010.
Contratación directa
Esa disposición autorizó reasignar recursos fiscales al programa “Bolivia Cambia” mediante contratación directa.
En 2010, otra ley permitió al Banco Central contratar de forma directa al Banco Unión para servicios financieros estatales.
Desde 2011, las leyes presupuestarias también habilitaron contrataciones directas para la emisión de bonos soberanos.
Estas operaciones incluyeron la contratación de servicios legales y financieros vinculados a deuda en mercados internacionales.
El esquema se replicó en años posteriores, incluyendo el uso de recursos fiscales no ejecutados para programas estatales.
Según el exsenador, estas prácticas consolidaron el uso recurrente de contrataciones directas dentro del aparato público.
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