Memoria, regresión y crimen organizado: tres urgencias en el inicio del nuevo gobierno
Agenda Derechos Humanos
Agenda Derechos Humanos es un espacio destinado a dar seguimiento a los temas de derechos humanos que son relevantes para Chile. Este proyecto de la Cátedra de Derechos Humanos de la VEXCOM y Radio Universidad de Chile intercala sesiones mensuales a través de la radio (último lunes de cada mes a las 09:30 hrs.) y columnas de opinión como la que usted tiene a la vista en estos momentos, publicadas en la página web de Radio Universidad de Chile https://radio.uchile.cl/ y que cuenta con su propio micrositio.
En esta entrega de Agenda Derechos Humanos abordaremos tres temas que marcan el inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast desde la perspectiva de los derechos humanos: la conmemoración de los 41 años del caso de los Degollados y del asesinato de los hermanos Vergara Toledo; las primeras medidas del nuevo gobierno en materia de memoria histórica; y la Resolución 1/2026 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre crimen organizado.
Una conmemoración en un contexto inédito
Este fin de semana se conmemoraron 41 años del caso de los Degollados -el asesinato de Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada, ejecutado por en 1985- y del asesinato de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, fecha que en Chile aún se recuerda como el Día del Joven Combatiente.
Estas conmemoraciones importan por dos razones. La primera, porque es necesario como un ejercicio de la memoria; así, mantener estos hitos en la memoria colectiva no es un ejercicio nostálgico, sino un compromiso ético con la verdad y la no repetición. La segunda razón es la que nos obliga a reflexionar con mayor urgencia este año: por primera vez desde el término de la dictadura civil-militar, estos hechos se conmemoran en un gobierno que reivindica ese período.
Eso no es un dato menor y nos obliga a preguntarnos ¿cómo llegamos aquí como sociedad?
Una parte importante de la respuesta tiene que ver con una tarea que no se hizo bien: transmitir con claridad que las graves violaciones de derechos humanos ocurridas bajo la dictadura no son solo el drama de las víctimas y sus familias, sino que atañen al tipo de sociedad que construimos colectivamente. Hacernos cargo de la justicia, la verdad, la memoria y las garantías de no repetición es un compromiso del conjunto de la sociedad con el “Nunca más” y con la construcción de una sociedad democrática sólidamente fundada en el respeto de los derechos humanos.
Cuando ese mensaje se diluye -cuando esos temas se dejan al margen de la discusión por resultar incómodos-, se siembra la posibilidad de que amplios sectores los miren con distancia o incluso con fastidio. Una sociedad que no asume su historia corre el riesgo de repetirla. Por ello, es un deber de la Universidad de Chile persistir en estos temas, aunque incomoden.
Primeras señales del gobierno en materia de memoria: dos visiones en pugna
En estas primeras semanas de gobierno, las señales en materia de derechos humanos han llegado a un ritmo que resulta difícil de procesar. Como hemos señalado en diversos espacios, estamos ante un verdadero tren de olas: anuncios regresivos en materia de derechos sociales, políticas públicas y derechos humanos que se suceden uno tras otro. Frente a eso, el mundo de los derechos humanos tiene que saber priorizar. Y una de esas prioridades irrenunciables es la memoria histórica, precisamente porque, como decíamos, está en juego el tipo de sociedad que queremos construir.
En el gobierno conviven, al menos por ahora, dos visiones y todavía no sabemos cuál terminará imponiéndose. Por un lado, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Marín, declaró ante el Congreso que cree en la importancia de la memoria, de tener sitios que recuerden lo ocurrido y de las garantías de no repetición. Esa es una posición que, al menos en sus formulaciones, es coherente con los compromisos internacionales del Estado de Chile.
Por otro lado, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, fue mucho más lejos que el simple anuncio de paralizar el proceso de expropiación de los terrenos de Colonia Dignidad, y que era algo que, en este gobierno, uno podía anticipar como escenario posible. El ministro Poduje declaró que ese proceso no solo se detiene, sino que “se va a revertir”. La distinción importa: una cosa es no avanzar; otra muy distinta es desandar lo construido. Si esa visión regresiva se impone sobre la del subsecretario Marín, estaremos ante un conflicto sostenido en materia de derechos humanos que no le hace bien a un país que se había comprometido, como acuerdo democrático fundamental, con el Nunca más y la memoria.
A ello se suma la revisión del financiamiento de los sitios de memoria y las incertidumbres sobre el Plan Nacional de Búsqueda. Todas estas son obligaciones del Estado de Chile, no opciones de política pública que un gobierno pueda descartar según sus preferencias. Son compromisos adquiridos ante la sociedad chilena y ante el sistema internacional de derechos humanos. Esperamos que el gobierno tenga la altura de miras para distinguir entre lo que puede y no puede decidir unilateralmente.
Una palabra sobre el argumento que subyace a la posición del ministro Poduje: la idea de que los derechos humanos y la memoria son causas de un grupo específico, en tensión con los derechos o intereses de la mayoría. Iván Poduje lo expresó con claridad: “Mi preocupación es construir casas, no sitios de memoria.” Este argumento no es nuevo: ha sido utilizado históricamente por grupos de muy diverso signo -extrema derecha, extrema izquierda, fanatismos religiosos- siempre como una forma de resistir los límites que los derechos humanos imponen a quienes detentan el poder. El problema es que quienes así argumentan suelen descubrir, cuando el péndulo cambia, que han destruido el único discurso y la única institucionalidad que podría haberlos protegido. Los derechos humanos no están en contradicción con construir casas: el derecho a la vivienda es un derecho humano. Manipular esa tensión es un acto de mala fe que, en la historia, nunca ha tenido un buen final.
Resolución 1/2026 de la CIDH: crimen organizado y derechos humanos
El tercer tema de esta entrega es la Resolución 1/2026 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobada recientemente y centrada en la relación entre crimen organizado y derechos humanos. Es un documento que invitamos a leer con atención porque ofrece un marco de enorme relevancia para el debate que Chile tiene por delante en materia de seguridad y criminalidad organizada.
La resolución parte de un diagnóstico sin anestesia: América Latina concentra apenas el 9% de la población mundial, pero en ella se comete un tercio de los homicidios del planeta. La Comisión es clara en que no estamos solo ante violencia física: el crimen organizado produce también violencia estructural a través de la proliferación de armas, el control territorial, la cooptación del Estado y la reproducción de la pobreza. El impacto sobre grupos históricamente discriminados es especialmente grave.
Frente a ese diagnóstico, la Comisión formula un juicio que debería ser central en el debate chileno: los enfoques basados en respuestas represivas, punitivas, militarizadas y en estados de excepción prolongados han mostrado su fracaso. Pueden producir descensos coyunturales en los índices de violencia, pero no resuelven el problema de fondo; la violencia termina canalizándose por otras vías. Además, este discurso punitivista termina en gobiernos autoritarios como ha sucedido en El Salvador bajo el mandato de Bukele.
La resolución de la CIDH contiene 50 recomendaciones que abarcan medidas preventivas, fortalecimiento de derechos, fortalecimiento del sistema de justicia, desarrollo de políticas de seguridad con enfoque de derechos humanos, retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad ciudadana y cooperación internacional. Y hay un elemento que merece subrayarse para el contexto chileno: la Comisión desaconseja explícitamente el uso prolongado del estado de excepción y la militarización de la seguridad ciudadana.
Chile lleva varios años transitando en esa dirección punitivista -con impulsos provenientes tanto del gobierno anterior como del actual-. La sensación de estar actuando con firmeza que generan esas medidas no equivale a estar resolviendo el problema. Se necesita una respuesta integral, sostenida en el largo plazo y coherente con los estándares internacionales de derechos humanos. La Resolución 1/2026 de la CIDH es un insumo valioso para pensar esa respuesta.
A qué estar atentos en abril
El 29 de abril se publicará el Informe Anual de Amnistía Internacional, que junto con el de Human Rights Watch constituye uno de los dos grandes balances anuales del estado de los derechos humanos en el mundo. Habrá que prestar especial atención tanto a la situación de Chile como a las tendencias regionales.
Por otra parte, en el marco de la Cátedra de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, realizaremos durante este mes una presentación del libro “Derecho Internacional de Derechos Humanos: teoría y práctica” dirigida a los estudiantes de la universidad. Los detalles se comunicarán oportunamente por los canales internos de la institución.
Finalmente, reprogramaremos para abril el seminario sobre el fallo de la Corte Suprema en cumplimiento del caso Vega González y otros vs. Chile, que debió suspenderse en marzo debido al cierre del metro y las dificultades de acceso a la Facultad de Derecho. Estén atentos a las redes sociales de la universidad y la radio para conocer el nuevo día y hora.
Foto: Kena Lorenzini Lorenzini.
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