Desmantelar sin decirlo: la estrategia silenciosa de Kast contra los derechos humanos

Los derechos humanos no suelen desaparecer por decreto. No se eliminan en una ley ni se anuncian en cadena nacional. Se vacían. Se erosionan. Se vuelven irrelevantes. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy bajo el gobierno de José Antonio Kast: no una reforma explícita, sino una estrategia sistemática de debilitamiento de la institucionalidad encargada de limitar el poder del propio Estado.

Conviene decirlo directamente: cuando se reducen recursos, se tensiona la autonomía y se desacredita públicamente a organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos o el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, no estamos frente a un «ajuste administrativo». Estamos frente a una redefinición del lugar que ocupan los derechos humanos en la arquitectura del Estado. Y esa redefinición tiene un nombre: regresión autoritaria.

La falsa dicotomía del orden

El argumento oficial es conocido y eficaz: «exceso de ideologización», «necesidad de equilibrio», «prioridad en seguridad». Apela a una demanda real —orden y estabilidad— pero instala una falsa dicotomía: como si garantizar derechos humanos fuese incompatible con ejercer autoridad. Como si fiscalizar al Estado debilitara al Estado. Como si los organismos de control fueran un obstáculo, y no una condición mínima de cualquier democracia funcional.

Pero aquí hay algo más profundo. La institucionalidad de derechos humanos no está diseñada para ser cómoda. Su función es precisamente incomodar al poder, denunciar abusos, exponer contradicciones. Pretender que opere bajo criterios de «neutralidad política» es, en la práctica, exigirle que deje de cumplir su rol. Es domesticarla.

Y eso es exactamente lo que Kast está haciendo.

La secuencia del desmantelamiento silencioso

Primero, se instala la idea de que estas instituciones están «capturadas ideológicamente». Luego, se justifica su intervención. Después, se reducen sus capacidades operativas. El resultado no es una institución reformada, sino una institución neutralizada. Una que existe, pero no incide. Que habla, pero no incomoda. Que observa, pero no fiscaliza.

Los hechos de las últimas tres semanas son la implementación perfecta de esta estrategia:

El 2 de marzo: Kast declara que «quizá indulte» a ex carabineros y militares condenados por homicidios y torturas del estallido social, llevando a Amnistía Internacional a emitir una Acción Urgente por riesgo de impunidad. 15 de marzo: Hacienda ordena un recorte transversal del 3% a todos los ministerios, buscando ahorrar US$4.000 millones. No hay cifras desglosadas del INDH, pero el mensaje es claro: los DD.HH. son gasto prescindible. El 17 de marzo: El gobierno retira de la Contraloría el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, un instrumento con 175 medidas diseñadas tras 140 reuniones técnicas y validado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU (ACNUDH). Anuncia que será «revisado» —léase: vaciado de contenido— sin plazos ni garantías. El 31 de marzo, El Ministerio de Justicia despide a las tres jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. Se empiezan a conocer resoluciones que eliminan unidades de género en distintas reparticiones públicas, un blanco predilecto de la doctrina nacional cristiana.

Estas no son medidas aisladas: es una secuencia calculada. Cuestionamiento, reducción, rediseño, pérdida de incidencia. Cuando finalmente se constata el daño, ya no hay estructura que recuperar. La institución sigue existiendo, pero ha perdido su capacidad de actuar como contrapeso real.

Hay un elemento que suele subestimarse: el efecto acumulativo del deterioro institucional. No se trata de un despido aquí, un recorte allá. Se trata de un patrón que, suma tras suma, produce un colapso funcional. Cuando el Plan de Búsqueda pierde a sus jefas técnicas, cuando el PNDH es retirado de la Contraloría, cuando el INDH ve congelado su presupuesto en un contexto inflacionario, cuando la Fiscalía de DD.HH. es amenazada con fusión, el resultado no es un «Estado más eficiente». Es un Estado sin contrapesos.

Y ahí está el punto crítico: sin contrapesos efectivos, el Estado deja de ser limitado por derechos y comienza a ser guiado por contingencias. Seguridad hoy, orden mañana, estabilidad siempre. Los derechos pasan de ser principios estructurales a variables negociables.

Esto no es eficiencia. Es regresión autoritaria.

Kast lo dijo en Antofagasta, sin pudor: «Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano (…) Esta retroexcavadora no va a fracasar». La metáfora es perfecta, pero no por lo que él cree. Una retroexcavadora no construye: remueve, demolé, vacía. Y eso es exactamente lo que está haciendo con la institucionalidad de DD.HH.: no la reforma, la vacía. No la corrige, la neutraliza.

No se trata de defender instituciones por inercia ni de negar sus falencias. El INDH tiene deudas pendientes, el PNDH podía perfeccionarse, el Plan de Búsqueda requería más recursos. Reformar para fortalecer es legítimo. Desmantelar bajo el argumento de «corregir» es otra cosa muy distinta.

La pregunta incómoda

Al final, la pregunta es incómoda pero inevitable: ¿qué tipo de Estado se está construyendo cuando sus propios mecanismos de control son debilitados desde dentro?

Un Estado donde los derechos humanos dejan de incomodar al poder no es un Estado de Derecho. Es un Estado de excepción permanente, donde la seguridad justifica todo, donde el orden aplasta todo, y donde la estabilidad se compra al precio del silencio de las víctimas.

Kast puede despedir funcionarias, puede retirar planes, puede amenazar con indultos. Pero no puede borrar lo que ya fue documentado, no puede silenciar lo que ya fue gritado en las calles, y no puede impedir que la historia lo juzgue como lo que es: el presidente que le declaró la guerra silenciosa a los derechos humanos en Chile.

Porque cuando los derechos humanos dejan de incomodar al poder, ya no están cumpliendo su función. Y cuando eso ocurre, el problema no es institucional.

Es democrático. Y nos compete a todas detenerlo.

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