Jueza decidirá este martes medida de coerción contra fiscal acusado de recibir soborno
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo. Será este martes cuando la jueza presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional podría dictar medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de recibir un soborno de US$10,000 de un testigo vinculado al caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), conocido como “Cobra”.
El Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Valdez Alcántara, quien está imputado por la presunta comisión de concusión, soborno, cohecho y lavado de activos.
El fiscal fue apresado en flagrante delito mientras gestionaba y recibía US$10,000 de una persona.
De acuerdo con el expediente, el 13 de marzo de 2026 el imputado Aurelio Valdez Alcántara sostuvo un encuentro personal con el testigo Roberto Canaán en el parqueo de un centro comercial ubicado en la avenida Jiménez Moya, esquina avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.
En ese lugar, Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado, quien habría utilizado información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades para establecer una posición de dominio.
Durante la reunión, el imputado propuso de manera explícita al testigo alterar el curso del proceso judicial seguido en su contra, el cual se encontraba en fase de investigación, a cambio de un beneficio económico directo.
La exigencia económica inicial fue de US$200,000, monto que posteriormente redujo a US$150,000 tras una negociación. Además, mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro. El fiscal rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en un modelo de alta gama.
El imputado también habría ejercido coacción continuada contra el testigo mediante llamadas telefónicas. Como parte de la presión, el 18 de marzo de 2026 le preguntó: “¿Para cuándo está la cosa?”, fijando como fecha límite el 24 de marzo de ese mismo mes.
Para asegurar el pago, el imputado advirtió al testigo sobre la inminencia de su judicialización, condicionando su situación legal al pago del soborno.
Según la solicitud de medida de coerción, el 27 de marzo de 2026 las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del procurador fiscal Valdez Alcántara, donde fue arrestado. Durante el operativo se ejecutó una entrega vigilada del dinero recibido como soborno.
El Ministerio Público sostiene que el imputado se dedicaba a recibir sobornos a cambio de alterar el curso de investigaciones bajo su responsabilidad.
En declaraciones recientes, el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó estos actos de corrupción como “repugnantes, indignantes e inaceptables”, sin importar a quién involucren.
Camacho expresó: “Lo primero que quiero indicar es que para nosotros este es un acto que se juzga en este proceso y que es repugnante, indignante e inaceptable. Nosotros vamos a actuar con la misma firmeza que nos ha caracterizado siempre”.
Asimismo, aseguró que el Ministerio Público no tiene compromiso con la impunidad y que perseguirá la corrupción sin importar el tipo ni las personas involucradas.
“Nosotros no tenemos compromiso con la impunidad y vamos a perseguir la corrupción sin importar el tipo de corrupción que se presente o las personas que se involucren en actos de corrupción”, afirmó.
Destacó que el Ministerio Público tiene el interés y la capacidad para investigar y procesar los casos de corrupción, independientemente de quién los haya cometido.
La institución actúa con responsabilidad, inteligencia y determinación en cada proceso judicial.
“En estos casos van a recibir respuestas contundentes del Ministerio Público, lo cual es una instrucción directa de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y forma parte del accionar que nos ha caracterizado durante toda nuestra trayectoria”, expresó el titular de la Dirección de Persecución la semana pasada.
El imputado permanece detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de que se le conozca la medida de coerción.
El procurador fiscal, además del proceso penal, también tendrá que enfrentar un proceso disciplinario.
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