Sistemas diseñados para fallar intencionalmente
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Mucha gente se alarma en la sociedad dominicana cuando se producen decisiones o acontecimientos que se apartan de la lógica convencional, algunos de los cuales caen, incluso, en la categoría de lo inverosímil.
Lo que no se logra comprender es que cuando un Estado acusa debilidades institucionales, por lo general, los sistemas están diseñados estructuralmente para que fallen intencionalmente, procurando que los resultados favorezcan a los sectores dominantes del poder político, económico o social. De esa manera, la reiteración de determinadas inconductas se va convirtiendo en acciones aceptadas hasta en lo jurídico.
Tomemos como ejemplo el sistema judicial, sin que este fuera el único que en la República Dominicana opera bajo una lupa cuestionable. Hay un caso que actualmente se encuentra en la etapa de apelación, y se trata del hecho de Jean Andrés Pumarol Fernández, a favor de quien el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de no ha lugar. Al joven, de 30 años, se le acusa de perpetrar un ataque con arma blanca en el ensanche Naco, hecho en el que una mujer perdió la vida y otras cinco personas resultaron heridas.
La decisión fue adoptada por el juez Deiby Timoteo Peguero, tras determinar que no procedía enviarlo a juicio por los hechos que se le imputan, debido a que el implicado se encontraba bajo un cuadro psicótico al momento de ocurrir los hechos.
La tragedia tuvo lugar en julio de 2025, cuando el imputado protagonizó un ataque con arma blanca en el Ensanche Naco, Distrito Nacional, demarcación habitada por personas mayormente de clase alta. En el suceso resultaron heridos Guillermo Pumarol, padre del agresor; la cuidadora Teresa Fabián Heredia, y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.
Digamos que, aunque controversial la decisión, el magistrado actuante tuvo razón al momento de adoptar el fallo judicial.
Mientras que, en un caso anterior, de características parecidas, pero de gran distancia social, el 15 de agosto de 2024, la oficial de uno de los institutos castrenses, Ana Josefa García, admitió haber causado la muerte de su hija de seis años en el residencial La Razón Primero, ubicado en el empobrecido sector Los Trinitarios, provincia Santo Domingo.
Los abogados defensores han alegado reiteradamente que su cliente padece trastornos mentales que la hacen inimputable penalmente, porque presenta condiciones como esquizofrenia, psicosis, episodios delirantes y alucinaciones auditivas, lo que, habría influido en la comisión del hecho.
Contrario a Pumarol Fernández, esta ciudadana sigue guardando prisión en el recinto Najayo Mujeres. Dos casos con similitudes, pero de abordajes judiciales distintos, en un evidente sesgo de poder económico y social.
Igual se puede hablar del expediente que se sigue al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), acusado por el Ministerio Público de solicitar sobornos. En su contra, se pidieron 12 meses de prisión como medida de coerción.
La actitud del Ministerio Público contrasta con su deber de órgano persecutor en sonados casos relativos a la lucha contra la corrupción administrativa, en los que a confesos responsables de estafar al Estado no se le ha sometido a la justicia, a cambio de la devolución de dinero y de acusar determinados imputados.
El judicial, desafortunadamente, no es el único diseñado para beneficiar a los ricos y poderosos; vemos esto en los sistemas educativo, sanitario, de la seguridad social e impositivo, entre otros.
La barrera de la debilidad institucional seguirá, por tanto, pensando en el desarrollo económico y social de República Dominicana.
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