El Gobierno de Ayuso inicia el trámite para crear el registro de médicos objetores del aborto «en cumplimiento del auto judicial»
La Comunidad de Madrid ha iniciado este miércoles los trámites para crear el registro de médicos objetores del aborto. Tras aceptar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno central, el Ejecutivo autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso ha abierto consulta pública para habilitar esta herramienta. El auto judicial señalaba la obligación de arrancar el procedimiento y dar cumplimiento a la legislación actual. La creación del registro no será inmediata ya que aún deberá recorrer el resto de pasos administrativos para su implementación. Desde la Comunidad ya se indicó que su intención era apelar la decisión.
La judicialización del conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad por la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023, sobre salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo, obliga a la Administración autonómica a cumplir con uno de los puntos de la normativa que Díaz Ayuso se negaba a cumplir: el registro de objetores del aborto. Alegando que esta medida infringe derechos y exponiendo que el derecho al aborto ya se realiza con plenas garantías, la presidenta de la Comunidad de Madrid expuso que no iba a «obligar a un médico a actuar contra su conciencia y libertad», ni a «hacer una lista negra de médicos nunca». Sin embargo, por imperativo judicial su gabinete ha arrancado los trámites para crear este instrumento.
«El principal objetivo de esta orden es dar cumplimiento al auto nº 60/2026 de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid mediante la que queda obligada la Comunidad de Madrid a iniciar los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia», así señala la memoria justificativa del proyecto de orden. La apertura de consulta pública da cumplimiento a la medida cautelar, habilitando un plazo entre el 6 de abril y el 19 de mayo para presentar aportaciones.
La decisión del tribunal solo imponía la obligación de iniciar el trámite, no de su creación inmediata. A pesar de la aprobación de esta cautelar, el fondo del recurso, sobre la obligatoriedad o no de crear el registro, aún está pendiente. Al conocerse el auto del Tribunal Superior de Justicia, desde la Consejería de Sanidad se indicó que la decisión se apelaría. Por ahora, Gobierno regional ha preferido no pronunciarse sobre el inicio de este procedimiento.
La postura del Gobierno regional se plasma en el propio texto que acompaña el proceso de tramitación donde se recalca que la medida se adopta por imperativo judicial. Asimismo, se refleja que ante la creación de este instrumento como alternativa están «los procedimientos internos seguidos en la actualidad en los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, donde se garantiza el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia y la prestación del aborto en los términos establecidos en la ley».
La medida se impone como resultado de la negativa de la Comunidad de Madrid a cumplir el requerimiento enviado en octubre por el Ministerio de Sanidad a varias regiones, entre las que también se encontraba Aragón, Asturias y Baleares. Solo Madrid mostró su negativa a la petición. Por ello, trascurrida la fecha tope fijada el Gobierno central interpuso un recurso judicial donde se solicitaba adoptar la medida aprobada. El auto del TSJM expuso que «la demora en la adopción de medidas permita prolongar indefinidamente el incumplimiento de una obligación legal expresamente establecida en una ley orgánica». Asimismo, también se aludió al carácter vinculante del protocolo aprobado el 16 de diciembre de 2024 entre todas las comunidades autónomas, Madrid incluida, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para coordinar la implementación de este instrumento en todo el territorio.