Los Juzgados de Cataluña lideran los litigios por okupación: concentran uno de cada cinco casos registrados en toda España

El fenómeno de la okupación se ha convertido en otra de las causas que están saturando los juzgados. De acuerdo con los últimos datos disponibles –publicados este mismo mes de marzo– del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los tribunales recibieron hasta un total de 1.845 litigios por okupación ilegal en el último año natural.

El análisis territorial muestra una fuerte concentración de estos procedimientos en determinadas comunidades. Cataluña se sitúa claramente a la cabeza, con 377 litigios en 2025, lo que representa aproximadamente uno de cada cinco casos registrados en toda España.

A cierta distancia se encuentran otras comunidades con alta incidencia, como Andalucía (339 casos), la Comunidad Valenciana (212) y Madrid (190), que, conjuntamente, concentran más de la mitad de los litigios por okupación ilegal.

No obstante, hay que tener en cuenta que este tipo de procedimientos, conocidos técnicamente como verbales posesorios por okupación ilegal de viviendas, reflejan el número de demandas presentadas ante los titulares de instrucción civil para recuperar la posesión de un inmueble ocupado sin consentimiento.

Se trata, por tanto, de litigios iniciados, no necesariamente resueltos, lo que implica que una parte significativa de estos casos sigue en tramitación. Además, tampoco tiene en cuenta, por ejemplo, todas las denuncias interpuestas, dado que, dependiendo de la complejidad de cada caso, puede derivar o no en un procedimiento judicial.

En este sentido, lo que sí se podría tener en cuenta es la cifra de los litigios de lanzamiento practicados como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbano. Se trata de desahucios tramitados tras el impago de un contrato de alquiler y demandado por el propietario de la vivienda, que representan además la mayor parte de los desalojos judiciales en nuestro país.

En este caso y, de igual forma, Cataluña lidera los litigios con un total de 5.025 lanzamientos, seguida de Andalucía (2.600), Comunidad Valenciana (2.158) y Madrid (1.931). En todas estas comunidades, los desahucios por alquiler superan ampliamente a los procedimientos por okupación ilegal, lo que evidencia el peso del nuevo denominado fenómeno de la «inquiokupación», que representa ya el 80% de los casos de okupación.

En términos globales, los datos muestran una reducción de los litigios respecto a 2024, cuando se registraron cifras superiores en la mayoría de comunidades autónomas. El descenso es especialmente notable en territorios como la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, donde se han registrado caídas de más de 50 litigios.

Sin embargo, la tendencia no es uniforme. Algunas regiones presentan incrementos o estabilidad en los datos. Es el caso de Madrid, donde los litigios pasan de 186 en 2024 a 190 en 2025, o de Murcia y Asturias, que también experimentan ligeros aumentos.

Al margen de las cifras de litigios, la usurpación de inmuebles por parte de inquilinos que dejan de pagar la cuota a los propietarios o la okupación de una vivienda de forma ilegal han superado ya la barrera de los 100.000 casos, según una estimación realizada por el Instituto Cerdá.

Además, existe una relación en que Cataluña lidere el número de litigios por okupación y los casos registrados en esta comunidad. Según un informe publicado el pasado mes de enero por el portal inmobiliario Idealista, esta comunidad concentra el 40% de los anuncios de viviendas que se venden con okupas. Por ejemplo, solo en Barcelona hay más de 7.000 viviendas en esta situación.

Si se atiende, por otro lado, a los datos de criminalidad oficiales del Ministerio del Interior, se encuentra el mismo resultado: Cataluña se sitúa en el centro del mapa de las cifras de allanamientos y usurpaciones.

Aunque estas categorías incluyen otros delitos como robos y no tienen en cuenta el fenómeno de la inquiokupación, la cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska contabilizó en 2024 –aún no hay datos disponibles de 2025– 7.009 casos en Cataluña frente a los 16.426 contabilizados en toda España, lo que equivale a un 42% del total nacional en términos de hechos conocidos.

La concentración es aún mayor si se atiende a los hechos esclarecidos —aquellos en los que se identifica o detiene al autor, hay confesión o se descarta el delito—, donde esta comunidad registra 5.732 casos, el 46% del total. Además, el peso de la región es especialmente significativo en número de detenidos, ya que acumula 8.039 arrestos, lo que representa casi tres cuartas partes del total nacional.

La advertencia de la UE

Estas cifras se dan en un contexto político en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de impulsar –sin éxito– un paquete de medidas destinadas a vivienda, que, según dictaminan los expertos, lejos de frenar el fenómeno de la okupación, lo aviva.

El Ejecutivo llevó el pasado mes de febrero al Congreso de los Diputados un nuevo paquete normativo para, entre otras cosas, prolongar la moratoria antidesahucios para inquilinos en situación de vulnerabilidad. La prórroga se concibió por un año, hasta el 31 de diciembre de 2026, y se trata de una medida que ha quedado suspendida tras el rechazo de PP, Vox y Junts.

Además, la Ley de Vivienda 12/2023, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2023 endurece los requisitos procesales para los desalojos y amplía la protección jurídica de los okupas. Se trata de una cuestión que ha llegado, asimismo al Parlamento Europeo, que hace apenas un mes enmendó a España para paliar el fenómeno de la okupación.

En un informe relativo a la crisis de vivienda, [[LINK:INTERNO|||Article|||69a1875cbc62440007243772|||la Eurocámara advirtió a los Estados miembros, entre ellos España, de que había que «velar por los derechos de los propietarios]] y adoptar medidas más estrictas, garantizando mecanismos jurídicos rápidos y eficaces para la recuperación de propiedades». Incluso, añade, que en caso de ser necesario, se adopten las órdenes judiciales oportunas de «desahucio».

En el mismo texto, la institución aseguró que la propiedad privada es un «derecho fundamental» y que el «fenómeno de la okupación genera inseguridad. «El hecho de que los propietarios puedan recuperar legalmente el control de sus viviendas no solo es una cuestión de equidad y justicia, sino también vital para mantener la confianza de los inversores y la oferta de alquiler», señaló.

Así, Bruselas solicitó una «mejor cooperación, recopilación de datos e intercambio de información entre los Estados miembros a este respecto» y, en concreto, de aquellas zonas con mayores tasas de okupación. Pidió, igualmente, un mayor uso de recursos como Europol, cuando existan indicios de delincuencia organizada detrás de determinadas okupaciones.