Descabezamiento del Plan Nacional de Búsqueda desata ola de críticas y alertas por impacto en política de derechos humanos
La desvinculación de jefaturas clave del Plan Nacional de Búsqueda generó una inmediata reacción desde el mundo de los derechos humanos y la oposición, quienes acusan un “descabezamiento” del programa y alertan sobre riesgos en su continuidad y eficacia.
Una fuerte controversia política y social se desató este martes tras la decisión de la Subsecretaría de Derechos Humanos de desvincular a tres jefaturas clave del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, organismo ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos.
La medida, adoptada por el subsecretario Pablo Mira, implicó la salida de la jefa del programa, Paulina Zamorano; la jefa del área de trayectoria y búsqueda, Magdalena Garcés; y la jefa de archivo, Tamara Lagos. Desde el Gobierno se argumentó que se trataba de cargos de “exclusiva confianza”, enfatizando que las funcionarias no presentaron su renuncia en los plazos solicitados.
Sin embargo, las reacciones no tardaron en multiplicarse y apuntaron directamente a un posible debilitamiento de una política pública considerada clave en materia de verdad, justicia y reparación.
Funcionarias desvinculadas cuestionan decisión
Desde las propias afectadas surgieron críticas directas al Ejecutivo. Paulina Zamorano calificó la decisión como una contradicción entre el discurso oficial y los hechos concretos.
“En nuestra opinión, (la decisión) no es más que la materialización de la contradicción misma entre el Gobierno, que por una parte señala que el Plan Nacional de Búsqueda continúa (…) sin embargo, desmantela a las autoridades del Programa de Derechos Humanos”, afirmó.
Lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda. Dragomir Yankovic/Aton Chile.
La exjefa del programa enfatizó que las desvinculaciones afectan directamente la implementación del plan y detalló que las áreas golpeadas son fundamentales para su ejecución. “No es casual la desvinculación de las tres jefaturas del Programa de Derechos Humanos”, sostuvo.
Zamorano puso en duda la justificación entregada por el Ejecutivo y señaló que no se trata exclusivamente de cargos de confianza. “El resto de las coordinaciones no son de confianza legítima, ingresaron por concurso público (…) señalar que no tendrían la capacidad de liderar equipos es falso”, afirmó.
“Es una decisión política. No tiene que ver con la confianza del cargo ni la capacidad de liderar un equipo”, enfatizó
Riesgos para la continuidad del plan
Desde el equipo técnico, Magdalena Garcés advirtió sobre las consecuencias operativas de los despidos, especialmente en un trabajo que acumula años de experiencia y coordinación interinstitucional.
“Nos preocupa que se descabece cierta conducción técnica del programa (…) hay trabajo técnico y conocimiento acumulado de años junto a las organizaciones familiares y los tribunales de justicia”, explicó.
Asimismo, alertó que la desvinculación sin un proceso de traspaso adecuado podría afectar directamente el desarrollo de diligencias en curso. “Nos preocupa que se nos desvincule sin tener tiempo ni siquiera de hacer una entrega ordenada de la gestión”, indicó.
Por su parte, Tamara Lagos destacó la relevancia del trabajo en archivos, una de las áreas clave del plan, y expresó incertidumbre sobre su continuidad. “Las políticas públicas no son una cuestión abstracta. La implementan personas (…) y el conocimiento que podemos adquirir tampoco es desechable”, señaló.
Familias acusan “acto violento” y anuncian movilizaciones
Desde las agrupaciones de familiares de víctimas, la reacción fue aún más dura. La presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, calificó la situación como “grave”, “dolorosa” y “violenta”.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
Lira también atribuyó una intencionalidad política a la decisión del Gobierno encabezado por José Antonio Kast, asegurando que se trata de “una actitud política de odio y de venganza hacia los familiares de las víctimas”.
En esa línea, anunció movilizaciones y acciones para exigir respuestas. “Vamos a ir a La Moneda, al Congreso, a la Cámara, al Senado a exigir nuestros derechos”, advirtió.
Críticas desde el Congreso
Las reacciones también se trasladaron al ámbito parlamentario. La diputada Lorena Pizarro calificó la medida como un avance del negacionismo: “Vaya manera grosera de avanzar con el negacionismo en este gobierno (…) intervenir de una manera inaceptable el Programa de Derechos Humanos y el Plan de Búsqueda”, afirmó.
La parlamentaria cuestionó además la idoneidad de eventuales reemplazos: “Quisiera saber si tienen algún funcionario o funcionaria que pueda desarrollar esta labor sin ser un defensor de las violaciones a los derechos humanos”.
Desde el senado, Fabiola Campillai sostuvo que la decisión del Ejecutivo es una “aberración”. “Es un Gobierno que beneficia al criminal y deja olvidada a las víctimas con clara intención de avanzar en una agenda de impunidad y prodelincuencia”, aseguró la parlamentaria.
Fabiola Campillai durante la sesión del Senado. Sebastián Cisternas/ Aton Chile.
“En la mañana Kast sin asco anuncia que indultará a violadores de derechos humanos y a criminales de la peor calaña, mientras que el ministro Rabat desmantela el Plan Nacional de Búsqueda. Esta es una señal clara y rotunda que a este gobierno no le interesa la dignidad, la memoria y la verdad detrás de los hechos más horribles ocurridos en nuestro país”, afirmó.
Además, la parlamentaria sostuvo que si fuera por el Ejecutivo, “Kassnoff y compañía estarían hoy durmiendo en sus casas, mientras las familias esperan saber donde están los suyos”.
“Esto es una política de Estado, pero parece que Kast y su gobierno están empecinados en destruir cualquier rastro de reparación”, concluyó.
Presidente José Antonio Kast sostiene entrevista en La Moneda con la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI). Foto: Oficina del Presidente vía X.
El Comité PS-PPD-PL en el Senado también manifestó su rechazo, indicando que las desvinculaciones constituyen una “señal alarmante”. Los legisladores advirtieron que estas decisiones no serían aisladas, sino parte de un patrón. “Configuran un preocupante retroceso en el compromiso del Estado con los derechos humanos”, afirmaron.
Además, subrayaron la relevancia del plan en el contexto actual, especialmente ante nuevos antecedentes sobre posibles sitios de inhumación clandestina. “Afectar su funcionamiento pone en riesgo el cumplimiento de ese deber”, enfatizaron.
Pese a las críticas, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos insistieron en que tanto el Programa de Derechos Humanos como el Plan Nacional de Búsqueda “continúan adelante”. No obstante, las reacciones transversales —desde funcionarias, organizaciones de derechos humanos y el mundo político— han instalado dudas sobre el impacto de las decisiones del Ejecutivo.