Oposición acusa retraso en ley de adopción tras retiro de decreto de Contraloría: “Falta urgencia, falta sentido de realidad”

El gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió retirar desde la Contraloría el decreto que permitía implementar la nueva Ley de Adopción, una normativa largamente esperada y que había sido despachada desde el Congreso Nacional a mediados del año pasado. Una medida que abrió un nuevo flanco de críticas desde la oposición y desde el centro político, quienes cuestionan el fondo de la decisión.

Cabe recordar que la nueva Ley de Adopción fue aprobada luego de casi 12 años de debate legislativo, periodo en el que se buscaron consensos técnicos y políticos para modernizar un sistema ampliamente criticado por su lentitud. Entre sus principales cambios, la normativa apunta a reducir significativamente los tiempos de adopción -que en algunos casos podían extenderse hasta seis años-, priorizando el interés superior del niño y facilitando procesos de vinculación familiar más ágiles y eficaces.

Sin embargo, la entrada en vigencia de la ley depende de su reglamento, cuyo decreto debía ser visado por la Contraloría. Fue precisamente este documento el que el Ejecutivo decidió retirar, argumentando la necesidad de revisarlo antes de su implementación.

La decisión generó críticas inmediatas en el Congreso. La diputada Lorena Fries (FA), integrante de la Comisión de Familia, calificó la medida como “un retroceso” y advirtió una contradicción en el actuar del Ejecutivo. “Mientras se afirma que se busca agilizar la gestión pública, en la práctica se frenan los procesos. Se trata de una decisión política que retrasa la implementación de una ley largamente anhelada y que pone en el centro el interés superior del niño y sus derechos”, sostuvo.

Además, Fries cuestionó los argumentos del Gobierno para justificar la medida. “Bajo la argumentación de revisar, se termina paralizando, lo que abre dudas legítimas sobre si el objetivo es realmente mejorar o responde a criterios ideológicos. Las facultades administrativas no pueden ejercerse a costa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, agregó.

Desde la misma comisión, el diputado César Valenzuela (PS) planteó dudas respecto a las razones del retiro del reglamento. Señaló que existe una “nebulosa” en torno a estas decisiones.

“Hay que ver cuál es el contenido con el cual se reingresa para poder dilucidar efectivamente el sentido, pero también da para pensar que en realidad el Gobierno no está de acuerdo con el fondo de la ley y sería bien complicado que tratara de retrasar su implementación por esta vía”, expresó el parlamentario.

En la misma línea, la diputada Zandra Parisi (PDG), también integrante de dicha instancia legislativa, puso el foco en el impacto concreto del retraso. “En Chile, adoptar puede tardar entre tres y seis años, a veces incluso más. Estamos hablando de años completos en la vida de un niño esperando una familia. Hoy tenemos más de 5 mil niños bajo protección del Estado, pero apenas cerca de 250 adopciones al año”, advirtió.

Parisi enfatizó que “es grave que se retrase la implementación de la ley 21.760, que justamente buscaba acortar estos tiempos y poner en el centro el interés superior del niño”. “Aquí no estamos frente a un simple ajuste administrativo. Estamos frente a una decisión que en la práctica sigue postergando a los niños de Chile. Falta urgencia, falta sentido de realidad y falta poner a los niños primero”, sostuvo.

En el Senado, las críticas también apuntaron a la incertidumbre generada. El senador Matías Walker (Demócratas) manifestó su preocupación y entregó mayores antecedentes tras comunicarse con el Ejecutivo. Según detalló, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, expresó su compromiso para “reingresar el reglamento a contraloría con mejoras para finalmente acortar los procedimientos de adopción”.

De esta manera, el senador recordó que el objetivo de la ley es “lograr la vinculación familiar, que los niños puedan crecer en el seno de una familia” y señaló estar alerta “a que el reglamento y sus modificaciones respeten el marco de esta ley, que no contenga ningún elemento discriminatorio”.