El Gobierno incumple los plazos con la UE en más de la mitad de las políticas sociales con fondos europeos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha incumplido los plazos adquiridos con la Unión Europea (UE) en más de la mitad de las políticas sociales financiadas con fondos europeos. Se trata de unos retrasos que, en algunos casos, alcanzan los dos años.

Así lo expone un informe del Tribunal de Cuentas, que analiza el grado de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en el área de gasto 2 de los Presupuestos Generales del Estado para los años 2022 y 2023, es decir, aquellas actividades destinadas a la protección y promoción social.

Esto es, por ejemplo, iniciativas dirigidas al empleo, la inclusión social, la formación, el refuerzo del sistema sanitario o, incluso, políticas destinadas a vivienda, que se sitúan entre la mayor preocupación de los españoles, según el CIS.

El organismo fiscalizador asegura que, de los 56 proyectos revisados, 36 (un 64,4%) continúan en curso de ejecución, pese a que los hitos y objetivos críticos –es decir, las condiciones obligatorias que el Gobierno español acuerda con Europa para ‘demostrar’ que está utilizando de forma correcta la financiación– tenían una fecha prevista de cumplimiento que se encuentra vencida.

Además, el Tribunal presidido por Enriqueta Chicano expone que, en la mayoría de los casos, los ministerios responsables de cada programa «no han aportado, en respuesta a la petición expresa de este Tribunal, ninguna información sobre el concreto estado de ejecución en el que se encuentran los proyectos». Esto, a juicio del organismo, revela una falta de información con la que cuentan, incluso, las entidades ministeriales responsables.

Esta carencia se ve agravada, además, por el deficiente funcionamiento del sistema de información CoFFEE, diseñado para centralizar el seguimiento de los hitos, los proyectos y la ejecución presupuestaria del PRTR.

Según el Tribunal, el sistema no estaba plenamente operativo y contenía datos incompletos o desactualizados, lo que compromete asimismo la capacidad de supervisión. Esto refleja, por tanto, que ni siquiera la propia Administración dispone de una visión clara y homogénea del estado de los proyectos.

El incumplimiento o retraso de los plazos dificulta también el desembolso de los fondos a Europa. Por ello, el Tribunal recomienda «extremar el rigor en el seguimiento y control de la ejecución del Plan, para que España pueda garantizar el cumplimiento de todos los criterios adquiridos con la UE.

En este sentido, hay que recordar que, la Comisión Europea emitió ya un informe el pasado mes de octubre a la Eurocámara para advertir de que España debía acelerar el ritmo de ejecución para cumplir los plazos fijados en agosto de este año.

Según aseguraba, nuestro país estaba entre los Estados Miembros que tenían entre el 85% y el 50% de los objetivos sin cumplir, a fecha de junio del pasado año, «habiendo alcanzado ya desembolsos que superaban el 30% de su asignación».

Este mismo documento alertaba también de que España protagonizaba el primer caso de «reversión», es decir, fondos ya desembolsados por valor de más de 600 millones de euros fueron parcialmente suspendidos al constatarse que ciertos compromisos dejaron de cumplirse. En ese sentido, la Comisión fijó hasta abril de este año como fecha límite para que el Gobierno de Pedro Sánchez adoptara «medidas correctivas».

Advertencia a las CC. AA

El organismo fiscalizador también pone el foco en la gestión de los fondos europeos cuando la ejecución se traslada a las Comunidades Autónomas. Asegura que, de las medidas de las que disponen estas para el cumplimiento de las políticas –elaboración de informes, reuniones periódicas, creación de comisiones de seguimiento, vigilancia y control, etc.–, no ha llegado a ser implementada «ninguna» de forma efectiva, pese a que son de carácter obligatorio.

«Tampoco se ha suministrado a este Tribunal, en la mayoría de los casos, información sobre la ejecución de las actuaciones (...), circunstancia indicativa de su falta de seguimiento efectivo», señala el Tribunal.

El organismo fiscalizador apunta también que, en parte, los retrasos se han podido ocasionar por una «excesiva» fragmentación de los proyectos que, por ende, dotan al sistema de una «sobrecarga administrativa».

Aún así, asegura que, en última instancia, es responsabilidad de la Secretaría General de Fondos Europeos velar por el cumplimiento de los proyectos con fondos europeos.

Este órgano dependiente del Ministerio de Hacienda ha permitido, según el Tribunal, demasiada flexibilidad a las carteras del Gobierno para cumplir con los plazos de la UE. Se trata de algo que implica una «inobservancia» de los tiempos y que «pone en riesgo» el cumplimiento de España conforme al reglamento europeo.

Solo dos ministerios cumplen con las exigencias 'verdes'

El mismo informe del Tribunal de Cuentas expone que de los doce ministerios fiscalizados solo dos han explicado cómo han cumplido con las exigencias ambientales exigidas por la UE.

En este sentido, únicamente, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (MDSCA) y el Ministerio de Trabajo y Economía Social (MTES) han elaborado documentación o realizado acciones de difusión sobre el denominado etiquetado verde y digital y, en concreto, sobre el principio de Do No Significant Harm (DNSH).

Se trata de criterios que, por un lado, permiten clasificar el impacto de cada programa en ámbitos como la transición ecológica o la digitalización y, por otro lado, que obligan a que los proyectos financiados con fondos europeos no causen «perjuicios» significativos al medio ambiente, acorde a las exigencias de la Agenda 2030.

La ausencia de documentación o de mecanismos de comunicación sobre estos aspectos no implica necesariamente un incumplimiento material, pero sí evidencia una falta de transparencia y de control en la gestión del plan, según se desprende del informe. Más aún, teniendo en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez ha abanderado las políticas medioambientales y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde el inicio de sus legislaturas.

Además, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los Estados miembros deben justificar de manera rigurosa que sus inversiones cumplen estos requisitos, ya que constituyen condiciones indispensables para la aprobación de los desembolsos por parte de la Comisión Europea.

Por otro lado, el Tribunal también ha identificado que, respecto a la aplicación de procedimientos para valorar el cumplimiento de no causar un «perjuicio» significativo al medio ambiente, varias carteras ministeriales se han otorgado las «máximas puntuaciones al cumplimiento de estos requisitos» en una autoevaluación, pese a no contar con procesos reales que permitan verificarlo con rigor.

Es decir, que aunque los ministerios aseguren el máximo cumplimiento de los requisitos ambientales no hay un sistema real que compruebe tal máxima, limitándose en la práctica a actuaciones formales y dispersas.

Entre ellas figuran la inclusión de cuestionarios de riesgo ambiental en los expedientes administrativos, la incorporación de cláusulas «verdes» en contratos y subvenciones o la exigencia de declaraciones responsables a los beneficiarios de los fondos.

Estas medidas son, sin embargo, calificadas como insuficientes y poco coordinadas, ya que no responden a un modelo común ni garantizan una evaluación efectiva de los posibles impactos ambientales de los proyectos.

En muchos casos, la verificación del cumplimiento recae en los propios beneficiarios, que deben declarar o informar sobre el grado de adecuación de sus actuaciones a estos principios.