Los antiguos dueños de Talgo demandan al Gobierno por vetar la OPA de la húngara Ganz Magav
El fondo británico Trilantic y la familia Oriol, antiguos accionistas de control de Talgo, han presentando ante el Tribunal Supremo una demanda por el veto del Gobierno a la oferta pública de adquisición (OPA) que lanzó la húngara Ganz Magav por el fabricante español de material ferroviario, según recoge un auto de la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, fechado el pasado 10 de marzo.
En la resolución, el tribunal declara de carácter reservado la demanda, ya que la misma incluye alusiones y comentarios sobre documentos cuyo acceso ha sido limitado, puesto que el Gobierno ya declaró como reservada la resolución en la que denegaba la OPA. El Ejecutivo vetó la operación en agosto de 2024 argumentando que había intereses estratégicos y razones de seguridad nacional "insalvables" de los que no ofreció más detalles.
El interés de Ganz Magav siempre despertó recelos en Moncloa dada la cercanía del Gobierno húngaro de Víktor Orbán a la Rusia de Vladimir Putin, lo que le llevó finalmente a frustrar una operación que era del agrado tanto de Trilantic como del resto de accionistas agrupados en el vehículo inversor Pegaso, que aceptaron los 5 euros por acción que ofreció el consorcio húngaro.
Tras tumbarla, el Ministerio de Transportes auspició una operación de un consorcio encabezado por José María Jainaga, presidente del grupo siderúrgico Sidenor, y del que son miembros también BBK, Vital y Finkatuz, y que se hizo con el 27,4% de las acciones de Talgo en noviembre de 2025.
El Supremo explica que en la demanda de Pegaso se mencionan algunos documentos cuyo acceso ha sido limitado, "lo que conduce a que sea conveniente atribuir carácter reservado a la demanda, en lo que está conforme el Abogado del Estado", aunque ello no implica que las partes no tengan acceso íntegro a la demanda y a los documentos que la acompañan.
Sin perjuicio de que el dictamen pericial pueda ser elaborado con los datos que obren en poder de la parte demandante, aclara el Supremo, dicha prueba pericial todavía no ha sido admitida, por lo que deniega el acceso al expediente que contiene "documentos reservados".