Una apuesta indispensable: IA para la seguridad y la paz

La inteligencia artificial ha dejado de ser una mera promesa futurista para convertirse en el detonador por excelencia de una mayor capacidad estatal en varios rubros de política pública. En un mundo donde los datos son el insumo estratégico por excelencia, países con rezagos estructurales –como México– enfrentan una disyuntiva histórica: o aprovechan esta herramienta tecnológica como atajo para cerrar brechas, o quedan aún más rezagados frente a Estados capaces de procesar información, anticipar riesgos y actuar con mayor contundencia, tino y oportunidad. La IA no es solo una herramienta; es un cambio de paradigma que permite a Estados débiles volverse más inteligentes, más rápidos y potencialmente más eficaces. Pero ese potencial no se materializará por arte de magia. Requiere decisiones, muchas de ellas difíciles, varias de ellas de carácter político.

En México, pocas áreas demandan con tanta urgencia esa transformación como la seguridad pública. El país enfrenta desde 2008 una combinación persistente de delitos de alto impacto que afecta tanto a ciudadanos como a cadenas productivas. Este fenómeno es resultado de la operación de redes criminales complejas, interconectadas y con gran capacidad de adaptación. Combatirlas con instrumentos tradicionales –de carácter fragmentario y reactivo– es insuficiente. Aquí es donde la inteligencia artificial puede marcar la diferencia: identificar patrones ocultos, priorizar objetivos, anticipar brotes de violencia y golpear las estructuras logísticas y financieras del crimen. Pero para que esto ocurra, el Estado mexicano debe resolver primero sus propias taras internas.

La primera es el cuello de botella institucional. México no carece de instituciones, pero sus labores no se realizan de manera integrada. La información está dispersa, las competencias se traslapan y la inteligencia casi nunca se traduce en acción coordinada. Superar este obstáculo exige decisiones claras desde la Presidencia de la República: obligar a la interoperabilidad de datos entre dependencias, establecer mandos funcionales por tipo de delito y condicionar recursos federales al cumplimiento de ciertos estándares de actuación e información. Sin un sistema nacional de inteligencia efectivamente integrado, la IA no será más que un ornamento tecnológico.

El segundo es el cuello organizacional. Incluso cuando hay información, el Estado falla en ejecutarla con consistencia. Las policías y fiscalías operan con capacidades desiguales, procesos poco estandarizados y una débil gestión del capital humano. Aquí la prioridad es profesionalizar mandos medios, estandarizar protocolos críticos y crear unidades híbridas en las que analistas y operadores trabajen juntos. La tecnología debe insertarse en la operación diaria, no en dashboards que nadie consulta. La inteligencia que no sirve para guiar decisiones operativas termina por ser irrelevante.

El tercer cuello de botella es el político. Reducir la violencia de manera estructural implica asumir costos en el corto plazo: conflictos locales, posibles picos temporales de violencia y tensiones con actores poderosos. El sistema político mexicano, sin embargo, tiende a privilegiar resultados inmediatos y visibles. Romper este patrón requiere liderazgo: redefinir el éxito en seguridad como reducción sostenida de la violencia, construir coaliciones con gobernadores y blindar la estrategia frente a ciclos electorales.

En este contexto, la relación con Estados Unidos representa una gran oportunidad estratégica. La cooperación en seguridad ha evolucionado en los últimos años y encuentra su punto más promisorio en la recién inaugurada Misión Cortafuegos, mesa de cooperación bilateral cuyos trabajos arrancaron en septiembre pasado. Sin embargo, esta mesa aún opera bajo un esquema de cooperación tradicional. El paso siguiente debe ser más ambicioso: un Acuerdo Binacional de Integración en Inteligencia y Analítica Avanzada (ABIA).

Un acuerdo que contemple la interoperabilidad real de datos, células binacionales de inteligencia y el desarrollo conjunto de capacidades analíticas. Sus ventajas son evidentes: aceleraría la curva de aprendizaje de México, introduciría disciplina institucional, permitiría golpear redes transnacionales con mayor eficacia y convertiría a la inteligencia artificial en una herramienta operativa, no discursiva. También tiene riesgos: percepciones de pérdida de soberanía, dependencia tecnológica o uso indebido de información; todos estos mitigables con reglas claras, gobernanza compartida y desarrollo de capacidades propias. El riesgo mayor, en realidad, es quedarnos cruzados de brazos.

Ahora es el momento político para arrancar. La presidenta Sheinbaum cuenta todavía con altos niveles de aprobación que le otorgan margen de maniobra. Además, el mando en el sector seguridad está altamente centralizado en la figura de Omar García Harfuch, un operador con solvencia operativa, credibilidad y experiencia para articular una transformación de este calibre. Las condiciones, tanto internas como externas, son inusualmente favorables. Lo que hace falta es convicción y decisión al más alto nivel.

No hay tiempo que perder. Cada año sin transformación implica miles de vidas truncadas, territorios capturados y economías locales trastocadas. Un acuerdo de integración en inteligencia no resolverá por sí solo la violencia, pero puede dotar al Estado mexicano de capacidades que nunca ha tenido y que son indispensables para cambiar el rumbo del país. ¿De qué sirve contar con un gran capital político si no es para invertirlo en transformaciones de gran calado que redefinan el futuro de México?