España, un país subvencionado
España es un país cada vez más subvencionado, con una población cada vez más dependiente del dinero público en forma de prestaciones, ya sean dinerarias o en especie.
La tendencia, además, es que vaya en aumento, y la inmensa mayoría de las medidas que adopta el Gobierno de Pedro Sánchez van en esa dirección. Los números no suelen mentir, como tampoco el algodón, según decía un popular anuncio televisivo de la Transición.
En 2022, último ejercicio con todos los datos disponibles, las rentas –es decir, los ingresos totales del conjunto de los españoles– alcanzaron la cifra de 1,53 billones de euros. Pues bien, de esos, algo más de un 30% procedieron de prestaciones del Estado –es decir, públicas–, ya fuera en forma de «transferencias públicas monetarias» –dinero contante y sonante– o en forma de «prestaciones en especie» –sobre todo educación y sanidad–.
En números redondos, los españoles recibieron del Estado casi 570.000 millones de euros en 2022, cifra que ya habrá superado con creces el medio billón de euros el ejercicio pasado.
La magnitud del «Estado asistencial» es una de las conclusiones que se pueden extraer del análisis detallado del informe «Cuentas etarias de los miembros de los hogares, 2022», publicado hace unas semanas por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada).
Es uno de los «think tank» –laboratorios de ideas– más prestigiosos del país. El estudio ha sido coordinado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, con la participación de los economistas Carmen Marín (Fedea), Julio López Laborda (Universidad de Zaragoza y Fedea) y Jorge Onrubia (Universidad Complutense de Madrid y Fedea).
El objetivo principal de la investigación era «comprender mejor cuánto ingresan y en qué gastan los miembros de los hogares españoles, así como dar a conocer qué reciben y aportan al sistema público según su edad y género, aspectos clave –escriben los autores– para anticipar los desafíos económicos y sociales de las próximas décadas (...) y otras cuestiones clave para garantizar el Estado del Bienestar».
Llevan el título de «etarias» porque es el adjetivo que se relaciona de forma directa con la edad de las personas. Además, se utiliza para describir grupos de individuos que comparten un rango o intervalo de años, lo que permite colocar a las personas en diferentes categorías.
De la Fuente, Marín, López Laborda y Onrubia no entran en otros detalles, pero incluyen en su estudio cuadros detallados con los datos de dónde proceden las rentas de los españoles y también a qué las dedican.
El informe es exhaustivo y debería servir de referencia al Gobierno de Sánchez y también al ala de extrema izquierda de su equipo, todavía capitaneada –al menos de forma nominal– por la vicepresidenta Yolanda Díaz, que insiste en reclamar más políticas asistenciales.
También debería tenerlo en cuenta la oposición de Núñez Feijóo y el resto de fuerzas políticas, incluidos los «indepes». Es, sobre todo, una radiografía económica –mucho mejor que cualquiera de las que hace el CIS de Tezanos– de los hogares y, por lo tanto, también de los votantes en definitiva.
En 2022, que es el último año del que existen datos disponibles, cada persona dispuso de 32.391 euros, lo que no quiere decir que ingresara esa cantidad en metálico de forma directa.
Esa cantidad procedía de su trabajo, de rendimientos del capital, de las prestaciones públicas y también del uso de los servicios públicos.
Los detalles indican que algo más de un tercio –11.942 euros por persona, un 36,5%– proceden de prestaciones públicas, ya sean monetarias o no. Es decir, del Estado, que a su vez obtiene los recursos de los impuestos que exige a los ciudadanos.
En términos macroeconómicos, los recursos totales de los hogares españoles alcanzaron en 2022 la cifra –ya citada– de 1,53 billones de euros, equivalente al 111% del PIB de ese año. De ellos, 565.454 millones de euros correspondieron a prestaciones públicas, algunas evidentes para todo el mundo, aunque hay otras que pasan más inadvertidas para la inmensa mayoría de la población.
Los españoles perciben dos tipos de prestaciones del Estado. Unas son de carácter monetario –es decir, reciben dinero de forma directa–. Otras tienen la característica de ser «en especie», lo que supone el uso y disfrute de una serie de servicios, ya sean de tipo individual o colectivo y que tienen carácter gratuito, y por eso son «ingresos en especie», ya que representan lo que deberían pagar por ellos si tuvieran que sufragárselos.
Las prestaciones monetarias en 2022 sumaron 215.058 millones de euros y correspondieron a pensiones –162.663 millones–, invalidez –17.863 millones–, subsidios de desempleo –20.917 millones– y, además, un conjunto de otras prestaciones de más difícil clasificación, que supusieron otros 13.615 millones.
No todos los datos están actualizados, pero en 2025 solo el capítulo de pensiones, por todos los conceptos, se acercó a los 200.000 millones, con lo que el volumen del Estado asistencial sigue en aumento. Las prestaciones en pensiones son derechos devengados por los pensionistas, que cotizaron en su día para que otros percibieran sus «jubilaciones».
Ahora, claro, al ser un sistema de solidaridad, dependen de las cotizaciones que abonan los trabajadores en activo. Nadie cuestiona ese derecho, pero tampoco se puede olvidar que es una prestación pública y que, desde hace algunos años, las cuentas de la Seguridad Social están en números rojos cada vez mayores.
Los españoles también reciben las llamadas «prestaciones en especie», que en 2022 alcanzaron la cifra de 165.396 millones de euros. De ellos, 84.357 millones se destinaron a sanidad, 51.041 millones a educación y 29.602 millones a otro tipo de prestaciones también en especie.
En la sanidad y la educación se incluye, por supuesto, los salarios del personal sanitario y docente, pero también medicamentos, gastos de hospitalización, escuelas, institutos y universidades y todo tipo de material que, en definitiva, está al servicio de los ciudadanos. Todos esos gastos han crecido también de forma ininterrumpida desde 2022, aunque el estudio no los tiene en cuenta por no existir todavía datos totales y definitivos.
El llamado, en la jerga opaca de la contabilidad pública, «consumo público colectivo» constituye otra forma de prestaciones que reciben los ciudadanos, aunque quizá sean las que menos se perciben y sobre las que algunos plantearían más objeciones. Supuso, también en 2022, 185.396 millones de euros. En ese capítulo hay que incluir los servicios públicos generales, el gasto en defensa –ahora al alza–, en orden público, en los denominados asuntos económicos, en medio ambiente, en vivienda, cultura y religión.
Son recursos de los que disponen los ciudadanos de forma habitual, aunque muy pocos los consideren así, tal vez en la tradición de la exministra y exvicepresidenta Carmen Calvo y su famosa y equivocada sentencia lapidaria: «El dinero público no es de nadie». Ese dinero es de los ciudadanos y, como constatan los expertos de Fedea, se puede calcular –quizá con demasiado retraso– con bastante precisión de cuántos recursos, procedentes del erario público, disfrutan los españoles y cómo.
La cuantía total y su distribución son discutibles y generan discrepancias sobre su obtención –impuestos– y su reparto, pero son la parte esencial del Estado asistencial que asegura el bienestar y que algunos quieren que crezca de forma infinita, sin querer admitir que es imposible.
El informe de Fedea cuantifica también el saldo fiscal medio por edad y género, es decir, «la diferencia entre lo que una persona aporta en impuestos y cotizaciones, y lo que recibe a través de prestaciones y servicios públicos». El análisis concluye que «las personas no mantienen el mismo equilibrio entre ingresos y gastos –públicos– a lo largo de su vida». En el periodo de la infancia y la juventud –entendida hasta los 29 años–, los ingresos laborales –del trabajo– son reducidos y el consumo –las necesidades– se sufragan mediante transferencias privadas entre familiares y gasto público, sobre todo en educación y sanidad.
Por «transferencias privadas entre familiares» hay que entender, por ejemplo, las cantidades que una familia dedica, por todos los conceptos, a sus hijos. Tienen la calificación de «transferencias» porque son cantidades que se destinan a un fin o a una persona sin contraprestación, sin nada a cambio. Todo está cuantificado: el informe detalla que «las transferencias internas entre los miembros de un mismo hogar» alcanzaron los 130.000 millones de euros, que «fluyen desde los adultos y los seniors hacia niños y jóvenes –y ahora menos jóvenes también– para financiar sus necesidades» hasta que se incorporan de forma plena al mercado laboral.
De esos 130.000 millones, unos 103.000 los aportan del grupo de 35 a 54 años, mientras que 27.000 lo aportan el colectivo de más de 55 años, los pensionistas en sentido amplio. Es una muestra de la importancia de la economía y solidaridad familiar en la sociedad española.
Las personas entre 30 y 54 años, que es el colectivo que encuadra a la mayor parte de trabajadores y activos, son el grupo que tiene mayor capacidad de generar ingresos y de aportar –mediante impuestos– al sistema. En 2022 movilizaron algo más de 600.000 millones de euros y pagaron «más de la mitad del total recaudado en impuestos y cotizaciones sociales de la población». Financian la mayor parte del gasto público destinado a jóvenes y mayores.
Los mayores de 55 generan el 32,8% del PIB
Por último, Fedea analiza el grupo de los mayores de 55 años, que en 2022 eran ya 16,1 millones de personas –el 34% de la población– y generaban el 32,8% del PIB. Disponían de unos recursos, en ese ejercicio, de 592.792 millones de euros, incluidas rentas del mercado y prestaciones. Esos seniors recibían 183.000 millones en prestaciones monetarias –sobre todo pensiones– y aportaban 138.000 millones en impuestos.
Además, concentraban el 68% del ahorro total de los hogares, estimado en 73.500 millones. Esos datos reflejan la importancia financiera y patrimonial y «ponen de manifiesto el funcionamiento del Estado del Bienestar como un sistema de transferencias intergeneracionales que redistribuye recursos a lo largo del ciclo vital», según concluyen en su informe De la Fuente, Marín, López Laborda y Onrubia.
Los autores no entran en otras conjeturas, pero de la lectura del informe se desprende que el Estado asistencial es cada vez mayor en España, que también necesita más recursos año a año y que todo indica que conduce –al margen de que pueda financiarse– a un país cada vez más subvencionado, lo que significará menos recursos para todos.
Puede ser muy popular, pero también indica el camino hacia un menor bienestar general.