Todo lo que debes saber sobre la jornada de 35 horas para los funcionarios: quiénes se ven beneficiados y cuándo se aplica
Tras varios meses de espera, la reducción de la jornada laboral para los funcionarios del Estado es una realidad. La Administración General del Estado (AGE) ha firmado un acuerdo definitivo para aplicar de manera definitiva la jornada de 35 horas semanales en todos los organismos, ministerios, instituciones y niveles del Estado.
Una reducción de jornada que será posible gracias a los acuerdos marco firmados entre Función Pública y los sindicatos CSIF, CC OO y UGT. Se trata de un avance histórico puesto que las reivindicaciones de los sindicatos comenzaron hace varios años.
El acuerdo ha sido suscrito este pasado viernes por la mañana en la Mesa General de negociación de la Administración General del Estado, y será cuestión de días que sea aplicado para miles de funcionarios en España.
¿Cuándo entrará en vigor?
Según se ha confirmado desde el propio Ministerio de Función Pública, la intención del organismo es la de aprobar la reducción de jornada en un plazo de 15 días. Tal y como ha expresado el ministro Óscar López, la medida llegará "a mediados de abril".
A partir de su aprobación, cada Ministerio, organismo y entidad de la Administración General del Estado deberá negociar la medida y adaptarla a los calendarios laborales de su servicio público. Por ello, la adaptación dependerá de cada caso.
Los sindicatos aclaran que habrá organismos donde la reducción pueda ser palpable de manera inmediata, mientras que en otros contextos la medida tardará más debido a las dificultades para de su implantación.
¿Quiénes se ven beneficiados?
El recorte de 2,5 horas semanales para los funcionarios del Estado alcanzará a todo el personal de la Administración General del Estado. En total, se estima que alrededor de 250.000 personas se verán beneficiadas por la reducción de jornada .
La nueva semana laboral se aplicará en los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado.
"La implantación de esta medida se hará garantizando en todo momento la adecuada prestación de los servicios públicos, la atención a la ciudadanía y la continuidad de las funciones públicas", afirmaba el ministerio dirigido por Óscar López.
¿A qué trabajadores no afectará la medida?
Aunque casi 250.000 personas podrán beneficiarse de la reducción de jornada, otros muchos empleados no tendrán la misma suerte. Y es que el Ministerio de Función Pública ha dejado fuera de esta medida al personal militar, fuerzas de seguridad, funcionarios de prisiones y el personal que presta servicio en centros docentes y sanitarios, cuyo régimen laboral se regula de forma independiente.
La reducción no afectará a algunas administraciones
A pesar de que la medida será aprobada en este 2026, existen algunas administraciones donde el recorte no afectará. Esto se debe a que muchos organismos como comunidades autónomas y ayuntamientos ya lo disfrutan.
Y es que son varias las administraciones que ya poseen las 35 horas semanales gracias a métodos de flexibilidad interna o rebaja horaria a parte de sus trabajadores. Un ejemplo de ello es la Diputación de Barcelona, donde el 31% de la plantilla ya trabaja 35 horas semanales, según datos facilitados por el organismo.
Además, en otras ciudades y municipios de Cataluña como Tarragona o Banyoles esta jornada ya es una realidad, tal y como apuntan desde CCOO.
Novedades del documento firmado
Entre las novedades del documento firmado se encuentra la implantación de esta jornada en los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la AGE, lo que abre su aplicación también a las empresas públicas.
De la misma manera, la implantación de las 35 horas se adaptará a las jornadas en régimen de especial dedicación -jornadas de 40 horas que se verán reducidas a las 37 horas y media- y en la jornada intensiva de verano.
Asimismo, las jornadas y horarios especiales existentes en determinados ámbitos o centros de trabajo se adaptarán previa negociación en los ámbitos correspondientes, a fin de garantizar su compatibilidad con la jornada de las 35 horas y con la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía.