Extranjería eleva a la Fiscalía la ‘estafa’ de los supuestos inmigrantes menores

La Unidad de Policía Nacional de Extranjerías y Fronteras ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores su «preocupación» por la posible presencia de jóvenes extranjeros –que se encuentran, además, en situación irregular– que se estarían haciendo pasar por menores de edad en distintos centros de acogida en todo el territorio nacional.

Según fuentes policiales consultadas por este periódico, las dudas sobre la edad real de algunos de estos inmigrantes no acompañados se han confirmado en varios casos mediante documentación oficial, como pasaportes, y pruebas médicas específicas. Los agentes apuntan a que este fenómeno no sería aislado.

En los últimos meses, y a raíz de denuncias interpuestas, las autoridades han detectado distintos casos sospechosos en varias comunidades autónomas, especialmente en aquellas con mayor presión migratoria.

En algunos expedientes ya se habría constatado que los implicados superaban la mayoría de edad, pese a figurar como menores en los registros administrativos.

Las investigaciones se centran, según apuntan estas mismas fuentes, en verificar si estas personas accedieron al sistema de protección de menores de forma «ilegal» con el objetivo de evitar procedimientos de expulsión o beneficiarse de recursos públicos destinados a la infancia. E, insisten, en que la actuación responde a denuncias previas y a la obligación de investigar posibles irregularidades.

Sin embargo, altos mandos policiales explican que se están encontrando con «limitaciones» que dificultan la operativa. Aseguran que, ante estos casos, su obligación es proceder a la «detención» de la persona implicada, pero que desde el Ministerio Público les han trasladado, sin embargo, la petición de que actúen con cautela.

«Si recibimos denuncias y detectamos indicios claros, tenemos la obligación de actuar, pero desde Fiscalía nos han indicado que debemos analizar cada caso en profundidad para ejecutar las detenciones», explican.

Además, exponen que este escenario refleja la complejidad jurídica que rodea a estos procedimientos: por un lado, la legislación en materia de inmigración; y, por otro, la normativa de protección al menor en vigor.

Este movimiento se produce, asimismo, en un contexto de creciente tensión institucional por la gestión de los menores extranjeros no acompañados y por la recién regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Choque entre Madrid y el Estado

Hace poco más de diez días el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid protagonizó un enfrentamiento con el delegado del Ejecutivo, Francisco Martín, tras su negativa a tramitar la reubicación de 88 menores extranjeros no acompañados conflictivos a sus países de origen. Según Martín, no se cumplen las garantías necesarias para proteger el «interés superior del menor».

Sin embargo, desde el Gobierno regional insisten en que la paralización de estas repatriaciones es por la «incompetencia» y la «dejación de funciones» del delegado del Gobierno.

Así, consideran necesario el retorno de estos jóvenes conflictivos a sus países de origen, «más aún cuando la selección de estos casos ha sido realizada por la Comisión de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid, atendiendo a situaciones especialmente graves».

También creen que la forma de actuar del delegado del Gobierno no responde a un «interés superior del menor», sino a una importancia del presidente del Gobierno por «cálculos políticos».

En este contexto, la aparición de casos de posibles adultos, dentro del sistema de protección de menores, añade un nuevo elemento de presión. De hecho, las mismas fuentes policiales advierten de que esta situación podría saturar los centros de acogida, teniendo en cuenta que muchos de ellos están ya al borde de su capacidad máxima.

A ello se suma, tal y como publicó este periódico, que el ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, no tiene ningún tipo de control estadístico sobre el número de menores que resultan ser mayores de edad, como así reconoció en una respuesta a una pregunta escrita del Partido Popular en el Senado.