La guerra en Irán dispara las alarmas: la inflación puede rozar el 4% y golpear de nuevo a las familias
La inflación vuelve a escena con fuerza y amenaza con convertirse, otra vez, en el principal quebradero de cabeza para las familias españolas. El último dato del IPC, que escala hasta el 3,3% interanual, no ha sido una sorpresa para los analistas, pero sí una señal clara de que el contexto internacional, marcado por la guerra en Irán, puede empujar los precios todavía más arriba en los próximos meses.
Las previsiones no son tranquilizadoras. La patronal CEOE ya advierte de que, si el conflicto en Oriente Medio se prolonga, la inflación podría situarse entre el 3% y el 4%, muy por encima del 2,6% previsto para el conjunto del año. Un escenario que reabre el temor a una nueva pérdida de poder adquisitivo tras varios ejercicios marcados por el encarecimiento sostenido de bienes básicos.
El detonante está claro: la energía. El repunte de los carburantes, directamente vinculado a la tensión geopolítica, ha sido el principal motor del alza de precios en marzo. El petróleo vuelve a acercarse a niveles críticos y cada escalada en su cotización tiene un efecto inmediato sobre la economía doméstica. Hoy cotiza a 110 dólares el barril, pero nadie se atreve a ponerle techo. No es solo llenar el depósito; es el transporte, la producción, la cesta de la compra.
De hecho, el propio tejido empresarial alerta de un efecto en cadena. Según la CEOE, por cada subida del 10% en el precio del crudo, la inflación podría aumentar dos décimas, mientras el crecimiento económico se resentiría. Es decir, el peor de los escenarios: precios al alza y actividad a la baja.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística confirman que ese proceso ya está en marcha. El grupo energético se dispara un 7,5% interanual, mientras que los alimentos no elaborados suben un 4,8%. La inflación mensual, además, repunta un 1%, el mayor incremento en casi dos años. Son cifras que recuerdan a los momentos más tensos de la crisis inflacionista reciente.
En el terreno político, el choque es inmediato. Desde el Partido Popular, su responsable económico, Alberto Nadal, considera que el dato era "esperado" y apunta directamente al encarecimiento de los combustibles por la guerra. Pero va más allá: denuncia que el problema de fondo no es coyuntural, sino estructural.
A su juicio, las familias llevan años perdiendo poder adquisitivo por una combinación de precios al alza, salarios que no crecen al mismo ritmo y una presión fiscal elevada. "Los precios llevan tiempo haciendo daño", viene a resumir, en una crítica que conecta con una percepción cada vez más extendida entre las clases medias.
El Partido Popular insiste en que la respuesta pasa por aliviar la carga impositiva sobre la energía. Bajadas en gasolina, gas, butano o electricidad que, sostienen, podrían amortiguar el golpe inmediato sobre los hogares. Una receta que contrasta con la estrategia del Ejecutivo, centrada en medidas temporales y en el impulso de las energías renovables como escudo frente a la volatilidad internacional.
Desde el Gobierno se defiende que ese "escudo" ya está funcionando y que ha evitado un impacto mayor sobre la inflación. También que gracias a las renovables, el impacto de la electricidad en marzo ha sido menor. Sin embargo, reconocen implícitamente que el margen de maniobra es limitado si el conflicto se intensifica. El precio del petróleo sigue tensionado y los mercados no descartan nuevos repuntes.
El trasfondo es inquietante para las familias, asfixiadas además a impuestos por el Gobierno. España, como el resto de Europa, sigue siendo altamente dependiente del exterior en materia energética. Y cada crisis internacional reabre esa vulnerabilidad. Si la guerra en Irán se alarga, el escenario de una inflación cercana al 4% dejará de ser una hipótesis para convertirse en una realidad incómoda.
La incógnita es cuánto pueden resistir las economías domésticas. Tras años de inflación acumulada, cualquier nueva subida, por moderada que parezca, tiene un impacto directo en la vida cotidiana. La sensación de que todo cuesta más sigue instalada y amenaza con intensificarse. El riesgo no es solo económico, es también social.