Las asociaciones judiciales en bloque cargan contra el CGPJ por no regular la carga de trabajo "a efectos de salud laboral"

Las cuatro asociaciones judiciales se posicionan en contra del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras el acuerdo adoptado por el Pleno de la institución en materia de prevención de riesgos laborales. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente trasladan en un comunicado conjunto su "profunda decepción" por esa decisión, cl considerar que rebaja el nivel de protección para la carrera judicial en esa materia.

Todas se quejan de que se rechazase la propuesta del vocal Carlos Hugo Preciado, respaldado únicamente por la también vocal Inés Herreros, que impulsaba "una política estructural de prevención de riesgos laborales" para la carrera que partía "de la aplicación plena de la normativa europea y nacional" al respecto. Para de esta forma, explican, "evaluar y gestionar riesgos, incluidos los psicosociales; regular las cargas de trabajo a efectos de salud laboral; fortalecer el servicio de prevención; coordinar CGPJ, Ministerio y comunidades autónomas; y garantizar la participación de la carrera judicial en las políticas preventivas".

La iniciativa rechazada, añade el comunicado de las asociaciones, incorporaba también "la perspectiva de género, medidas frente al acoso y la violencia, la adaptación de las condiciones de trabajo a la edad (reducción de carga, exención de guardias) y la actualización de la evaluación de riesgos psicosociales de 2018".

"Terreno menos garantista"

Pero en su lugar, lamenta, se aprobó una propuesta "que no considera aplicable la normativa de prevención de riesgos laborales" a jueces y magistrados y "rebaja el nivel de protección que la normativa de prevención garantiza a cualquier trabajador, dejando la salud de la carrera judicial en un terreno menos garantista y más dependiente de la discrecionalidad reglamentaria".

Algo que no es asumible para las asociaciones judiciales. "Sin condiciones de trabajo seguras, con cargas de trabajo reguladas y evaluadas preventivamente, no hay protección real de la integridad física y moral de jueces y magistrados, ni tampoco una independencia judicial materialmente garantizada", aseguran.

Por todo ello, consideran "imprescindible" que el CGPJ "reoriente" su actuación en esta materia para alinearse con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con el Reglamento de la carrera judicial y con la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, "avanzando hacia una regulación efectiva de las cargas de trabajo a efectos de salud laboral".

En sustento de sus reivindicaciones, anuncian que recurrirán a los cauces institucionales necesarios "de forma proporcionada y leal al marco constitucional, para exigir el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos laborales".

Doctrina del Tribunal Supremo

Y lo harán, subrayan, esgrimiendo la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que establece que el CGPJ "ha asumido la obligación de regular la carga de trabajo a efectos de salud laboral" en el Plan de Prevención, por lo que esa obligación -recalcan- "no es un compromiso meramente político o futuro".

El alto tribunal, recuerdan, señaló que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 317 del Reglamento 2/2011 "obligan a identificar y evaluar los riesgos psicosociales, entre ellos la carga de trabajo, y a adoptar medidas preventivas generales, no solo respuestas reactivas cuando ya existe un daño individual". Por todo ello, hacen hincapié, "la regulación de la carga de trabajo a efectos de salud laboral es competencia del CGPJ".

Por contra, llaman la atención, el Consejo "se ha limitado a actuar reactivamente en casos individuales, sin fijar criterios generales de carga de trabajo saludables". Al aprobar ahora una opción "que niega la plena aplicabilidad de la normativa de prevención a la carrera judicial", denuncian, el Pleno "se aparta de la línea marcada" por el Tribunal Supremo, "vaciando de contenido práctico el deber de proteger la salud de jueces y magistrados".

También aluden a que el alto tribunal incidió en que el convenio de 2010 entre CGPJ y el Ministerio de Justicia se parte de que los miembros de la carrera judicial "están dentro del ámbito de aplicación" de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

"Desplaza el foco"

Y a este respecto recuerdan asimismo que en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la carrera judicial 2015/2016, aprobado por el propio CGPJ, se asumió expresamente que el órgano de gobierno de los jueces "regulará la carga de trabajo a efectos de salud laboral".

En esa misma línea, trae a colación el documento sobre cargas de trabajo a efectos de salud elaborado por el propio Consejo, que incluye un "mapa judicial de riesgos y sistema de alertas”, donde "se reconoce que la carga de trabajo es un factor de riesgo psicosocial que debe integrarse en el sistema de prevención".

El acuerdo respaldado por la mayoría del Pleno del CGPJ aprueba e integra en el Reglamento de la carrera un nuevo Capítulo X sobre "salud judicial" que -se quejan las cuatro asociaciones- "en la práctica sustituye el sistema de prevención de riesgos laborales por un régimen propio, más débil y discrecional". Pues según su criterio "desplaza el foco desde la evaluación y planificación general de riesgos a un modelo centrado en un servicio interno del CGPJ" y a comunicaciones individuales y "simples indicadores de rendimiento saludable", pero "sin asumir de forma clara la obligación de regular las cargas de trabajo a efectos de salud laboral".

La portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Marien Ortega, se queja de que el CGPJ "en lugar de regular de verdad nuestras cargas de trabajo para regular la salud, aprueba un sistema más débil y discrecional que va en contra de lo que ya dijo el Tribunal Supremo". "Si los jueces trabajan enfermos o sobrecargados no solo se perjudica a quienes juzgamos, sino que se resiente directamente la calidad y la rapidez de la Justicia que recibe cada ciudadano".