Jarro de agua helada al sector del gas en plena crisis energética
La nueva propuesta de retribución para la distribución de gas natural de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el periodo 2027-2032 introduce cambios relevantes en el modelo, pero ha sido recibida con escepticismo por parte del sector, que considera que las mejoras planteadas son "insuficientes" tras el ajuste aplicado en 2020.
El organismo regulador plantea un esquema continuista respecto al actual, manteniendo la base retributiva calculada sobre el mercado existente en 2020 y añadiendo nuevos componentes ligados a la digitalización, la ciberseguridad y la reducción de emisiones de metano.
También incorpora incentivos vinculados al desarrollo de mercado, la inyección de gases renovables y el uso del gas en el transporte. Sin embargo, elimina figuras anteriores como la retribución transitoria y el incentivo a la gasificación de municipios, lo que supone un giro en la orientación del modelo.
Desde la CNMC se defiende que el nuevo marco mejora ligeramente la retribución del sector, con incrementos en torno al 2%, al tiempo que refuerza la estabilidad del sistema y alinea los incentivos con los objetivos de transición energética. No obstante, esta lectura contrasta con la percepción de las compañías gasistas, que ven la propuesta como un jarro de agua helada.
Fuentes del mercado gasista han resumido a LA RAZÓN que la propuesta "no compensa el recorte de 2020". Aquel tijeretazo, aplicado al inicio del actual periodo regulatorio, redujo de forma significativa la rentabilidad de la actividad de distribución, y el nuevo esquema, pese a introducir ajustes, mantiene intacta la base retributiva fijada entonces. En la práctica, esto implica que buena parte del sector seguirá operando sobre unos niveles de ingresos que consideran erosionados.
A esta crítica se suma otro elemento clave: la inflación. Según estas mismas fuentes, la metodología propuesta "no recoge la inflación acumulada del 43% entre 2020 y 2026”, lo que agrava la percepción de pérdida de rentabilidad real. Aunque el modelo elimina mecanismos de actualización automática de parámetros durante el periodo regulatorio, el sector entiende que la falta de revisión de la base retributiva en términos reales supone una penalización adicional en un contexto de fuerte aumento de costes.
Ante esta propuesta, que entra en fase de consulta hasta el 27 de abril, las distribuidoras se encuentran evaluando en detalle el contenido para presentar sus alegaciones, aunque consideran que existe margen para mejorarla, por lo que proponen una reunión con el regulador en las próximas semanas que permita aclarar todos los aspectos de la propuesta.
El nuevo diseño también limita el crecimiento potencial de las empresas. La retribución por desarrollo de mercado, vinculada a nuevos puntos de suministro y mayor consumo, queda acotada dentro de un rango máximo, lo que reduce el margen de mejora incluso en escenarios de expansión. Además, la eliminación del incentivo a la gasificación de municipios refuerza la idea de que el modelo abandona definitivamente la lógica de crecimiento de red que caracterizó etapas anteriores.
Supervisión
En paralelo, la CNMC introduce nuevas obligaciones y endurece el marco de supervisión. Las distribuidoras deberán remitir información detallada sobre sus redes, inversiones y planes de desarrollo, con auditorías obligatorias y riesgo de penalizaciones severas en caso de incumplimiento. Incluso se prevé la reducción drástica de la retribución si no se aporta la información requerida en tiempo y forma, lo que incrementa la presión regulatoria sobre las compañías.
Otro de los ejes del nuevo modelo es el impulso a los gases renovables, en particular el biometano. La circular establece incentivos a su inyección en la red, pero el sector considera que son claramente insuficientes. "Te ponen el caramelo, pero poco más", remarcan las fuentes consultadas, que critican la falta de señales económicas robustas y la incertidumbre asociada a estos mecanismos. A su juicio, si no se refuerzan estos incentivos, el desarrollo del biometano en España podría quedar por detrás de otros países europeos.
En este contexto, el mensaje que traslada el regulador -una mejora moderada de la retribución- choca frontalmente con la lectura empresarial. Las fuentes consultadas advierten de que el nuevo marco podría limitar la capacidad de inversión del sector en un momento clave para la transición energética.
Pese a ello, la propuesta sí introduce elementos que aportan cierta estabilidad al sistema. La continuidad de la base retributiva y los límites al crecimiento reducen la volatilidad de los ingresos, lo que puede favorecer la previsibilidad financiera, especialmente para grandes operadores como Naturgy, así como para otros actores relevantes como Redexis o Nortegas. Sin embargo, esta estabilidad se logra, según el sector, a costa de renunciar a una actualización real de la rentabilidad.
En cuanto al impacto sobre los consumidores, el nuevo modelo apunta a una relativa estabilidad en los peajes del gas. La contención de la retribución y la desaparición de incentivos a la expansión de red reducen la presión alcista, aunque la incorporación de nuevas partidas -como las ligadas a digitalización o descarbonización- podría compensar parcialmente ese efecto.