Las medidas contra la guerra de Sánchez, más al servicio de los socios que de los bolsillos
Las medidas que el Gobierno lleva al Congreso responden a un esquema conocido: bajar impuestos indirectos para contener el impacto inmediato de la energía. El problema es que este tipo de intervención tiene un efecto rápido pero poco selectivo. Reduce precios a corto plazo, pero no distingue entre hogares vulnerables y consumidores de mayor renta, lo que diluye su impacto redistributivo. Desde la izquierda a la izquierda del PSOE califican el paquete de medidas de derechas, con Podemos en una posición más coherente que Sumar desde la libertad de no depende del coche oficial y de la moqueta.
El segundo elemento es político. El decreto no nace de una mayoría estable, que nunca ha existido, sino de una negociación puntual. El Gobierno ha tenido que incorporar por ejemplo alguna exigencia de Junts para garantizar su aprobación, lo que convierte el paquete en un acuerdo táctico más que en una estrategia económica coherente. La votación mide más la capacidad del Ejecutivo para sostener su mayoría que la consistencia del plan.
El tercer factor es económico. La rebaja del IVA energético tiene un impacto inmediato sobre la inflación, pero temporal. Si el conflicto se prolonga, el margen fiscal se agota y el Ejecutivo tendrá que elegir entre prorrogar el gasto o retirar el apoyo con precios aún altos. Eso deja al Gobierno atrapado entre el coste presupuestario y el coste político.
Además, el plan refuerza una tendencia: el Gobierno responde a shocks externos con medidas generalistas de consumo en lugar de reformas estructurales. Se prioriza amortiguar el impacto inmediato frente a rediseñar el modelo energético o fiscal. Eso reduce el conflicto político hoy, pero traslada el problema a medio plazo.
La votación del Congreso, por tanto, no es solo económica. Es un nuevo test de supervivencia parlamentaria en el que el Ejecutivo busca mostrar control frente a la crisis exterior, pero lo hace con un paquete diseñado para sumar apoyos más que para ordenar una política económica duradera.