Juristas alertan del riesgo de "politización" en la elección del juez español al TEDH por la "persistente injerencia" del Gobierno en el proceso
Juristas agrupados en la Plataforma Cívica por la Independencia (PCI) alertan del riesgo de "politización" en la elección del juez español al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la "persistente injerencia" del Gobierno en el proceso de designación.
La plataforma considera, tras la publicación en el BOE el pasado 12 de marzo de la convocatoria para cubrir la plaza española en el organismo europeo, que el actual sistema de elección no solo contraviene las recomendaciones del Consejo de Europa, sino que tampoco garantiza la "independencia" exigida por la UE.
Según la Plataforma, el procedimiento aún vigente —regulado por el Real Decreto 972/2020— configura un comité de selección con mayoría de altos cargos del Ejecutivo y sólo un vocal propuesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que, a su juicio, compromete la "imparcialidad" del proceso.
Los juristas sostienen que esta situación no es aislada, sino parte de una dinámica más amplia. En este sentido, recuerdan informes previos en los que ya se advertía de una intervención continuada del Ejecutivo en los nombramientos judiciales, lo que, según afirman, supone un riesgo para la separación de poderes y podría vulnerar el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Además, alertan de que el sistema actual permite la configuración de una terna de candidatos con perfiles afines al Gobierno, lo que afectaría a la apariencia de imparcialidad exigida para un cargo en el TEDH y podría dañar la credibilidad de España ante las instituciones europeas.
Cabe recordar, que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se saltó dos criterios exigidos por Europa en el proceso de selección. Por un lado, el de la convocatoria, al conceder únicamente once días laborales a los candidatos para presentar sus candidaturas —pues se insta a que haya un plazo mínimo de un mes—. Y, por otro lado, la composición del órgano nacional de selección al integrar a tres miembros que pertenecen al propio Ejecutivo: los secretarios de Estado de Exteriores, Justicia y Presidencia.
En este sentido, la Plataforma reclama una reforma urgente del modelo de selección y propone la creación de un comité en el que la mayoría de sus miembros procedan de la carrera judicial y del ámbito académico, designados conforme a criterios objetivos de mérito y capacidad.
Asimismo, plantean introducir mayores garantías de transparencia, como la publicación íntegra de los currículos de los candidatos y la celebración de audiencias públicas antes de la elaboración de la lista final.
Por último, abogan por establecer un sistema de incompatibilidades y declaraciones de intereses que evite cualquier vinculación política o apariencia de parcialidad.
Así, aseguran que "no dudarán" en elevar ante las instancias europeas competentes "cualquier vulneración de los estándares de independencia exigidos" a los Estados miembros.