Estas son las novedades de la Renta 2026: desde deducciones por cobrar el SMI hasta cambios para desempleados
La campaña de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, arranca el 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, manteniendo el calendario habitual de la Agencia Tributaria. La presentación podrá realizarse por internet desde el primer día, por vía telefónica a partir del 6 de mayo y de forma presencial entre el 1 y el 30 de junio con cita previa. Este periodo concentra uno de los principales trámites fiscales del año, en el que los contribuyentes regularizan su situación con Hacienda en función de los ingresos obtenidos durante el ejercicio anterior. Se trata de un proceso anual clave para determinar si corresponde pagar o recibir una devolución.
Están obligados a presentar la declaración quienes superen los umbrales fijados en la Ley 35/2006 del IRPF, en particular en sus artículos 96 y 97. Con carácter general, no deberán declarar quienes perciban menos de 22.000 euros anuales de un solo pagador, mientras que el límite se reduce a 15.876 euros cuando existen varios pagadores y el segundo supera los 1.500 euros. En la práctica, muchos contribuyentes revisan el borrador facilitado por la Agencia Tributaria y recopilan su información fiscal para comprobar si el resultado será a ingresar o a devolver y aplicar posibles beneficios fiscales. Esta revisión previa permite detectar errores y optimizar la tributación dentro de la legalidad vigente.
Las novedades más importantes de la campaña de 2026
Entre las principales novedades destaca la deducción para contribuyentes con rentas bajas vinculadas al salario mínimo interprofesional. Esta medida permite una reducción de hasta 340 euros para quienes perciban ingresos en torno a 16.576 euros anuales, disminuyendo progresivamente hasta desaparecer en niveles cercanos a los 18.276 euros. Su finalidad es evitar que el incremento del salario mínimo se traduzca en una mayor carga fiscal efectiva para estos trabajadores. De este modo, se refuerza la protección de las rentas más bajas dentro del sistema tributario.
Otro de los cambios relevantes afecta a la tributación del ahorro, que refuerza su progresividad. Las rentas del capital superiores a 300.000 euros pasan a tributar del 28% al 30%, configurando una escala que se inicia en el 19% para los primeros 6.000 euros y va aumentando por tramos hasta alcanzar ese tipo máximo. Esta modificación incrementa la carga fiscal sobre grandes rentas del ahorro sin alterar la estructura general del impuesto. El objetivo es equilibrar la contribución fiscal entre distintos niveles de renta.
Beneficios por obras de mejora de eficiencia energética
También continúan vigentes las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas, que permiten reducir la cuota del impuesto en función del tipo de actuación realizada y del ahorro energético conseguido. Estas deducciones pueden alcanzar porcentajes elevados sobre las cantidades invertidas, siempre que se cumplan los requisitos técnicos exigidos, como la acreditación mediante certificados energéticos y la realización de los pagos a través de medios bancarios. Estas medidas buscan incentivar la rehabilitación del parque inmobiliario con criterios de sostenibilidad.
Los perceptores de paro no están obligados a declarar
El conjunto de novedades se completa con ajustes técnicos y la continuidad de determinados supuestos de exención recogidos en el artículo 7 de la Ley del IRPF, especialmente en relación con ayudas públicas extraordinarias. Además, como novedad relevante, en este ejercicio se elimina la obligación de declarar para los perceptores de prestaciones por desempleo cuando no superen los límites generales establecidos, equiparándolos al resto de contribuyentes.
Hasta ahora, estos beneficiarios debían presentar la declaración con independencia de sus ingresos, pero desde 2025 solo estarán obligados si superan los umbrales antes mencionados en función de los pagadores. En conjunto, la campaña incorpora cambios relevantes en aspectos concretos, aunque sin modificar la estructura básica del impuesto. Todo ello obliga a los contribuyentes a prestar especial atención a su situación fiscal concreta.