El juez archiva la causa sobre irregularidades en contratos de ambulancias en Catalunya
La Audiencia Nacional concluye "no ha quedado acreditado ni el concierto previo" ni la "resolución arbitraria" para la concesión de la adjudicación bajo sospecha, que fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha archivado la causa abierta sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a la empresa sanitaria Ambulancias Egara en Catalunya, una pieza separada del caso '3%' sobre supuesta financiación ilegal de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, al apreciar que “no resulta debidamente justificada la perpetración de delito alguno”.
En el auto de sobreseimiento de la causa, adoptado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y recogido por Europa Press, Pedraz argumenta que “no ha quedado acreditado ni el concierto previo” ni la “resolución arbitraria” para la concesión de la adjudicación bajo sospecha, que fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y por el Tribunal de Cuentas.
En el proceso, investigado durante tres años, estaban imputados el exconseller de Salud Boi Ruiz, el exdirigente de CDC David Madí, el exdirector del Servicio Catalán de Salud Josep María Padrosa, el propietario de Ambulancias Egara, Óscar Simón, y otras personas físicas y jurídicas.
El magistrado había puesto el foco en la adjudicación de tres lotes de un concurso sanitario a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en un periodo en el que la Generalitat de Cataluña estaba gobernada por Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC).
Ahora, Pedraz aduce que no ha quedado acreditada “ningún tipo de contraprestación, ofrecida o recibida, a los funcionarios públicos y autoridades encargadas de elaborar el pliego de condiciones y la adjudicación del contrato, ni la contraprestación ofrecida, solicitada o recibida por los intermediarios de la misma”.
El instructor argumenta que no ha quedado acreditado que los responsables del concurso hayan llevado a cabo delitos a conciencia y voluntad de alterar el procedimiento administrativo para beneficiar a una persona, y con perjuicio a los intereses públicos, afirmando que sí se han detectado “meras irregularidades administrativas subsanables” que, en cualquier caso, no tienen “una gravedad” o “relevancia”.