Siete consejeros del INE chocan con Guadalupe Taddei por texto sobre ‘Plan B’ de la reforma electoral
Siete de 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se deslindaron del documento con observaciones al plan B de la reforma electoral que envió la presidenta de este órgano, Guadalupe Taddei, al Senado de la República.
Mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, los consejeros Arturo Castillo, Carla Humphrey, Martín Faz Mora, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala indicaron que “hasta la fecha, el órgano colegiado no ha emitido observaciones ni propuestas respecto de la iniciativa de reforma conocida como plan B” y, por lo tanto, “dicho material no refleja ni representa una posición institucional”.
Los consejeros afirmaron desconocer por completo su origen, contenido y las circunstancias de su presunta entrega, que tuvo lugar luego de que la titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, Claudia Espino, informó a la Cámara alta que los consejeros no podrían asistir a la reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales programada para el lunes a mediodía por motivos de agenda.
Las consejerías que firman el documento reiteraron su apertura al diálogo y disposición a aportar la experiencia técnica para la eventual reforma electoral.
“ En consecuencia, atenderemos cualquier requerimiento o llamado que se nos formule por las vías institucionales correspondientes”, expresan en el comunicado.
La consejera Ravel expresó en un mensaje, por separado, estar convencida de que “cualquier reforma electoral debe construirse con diálogo, análisis riguroso y sustento técnico”.
Confrontaciones entre Guadalupe Taddei con los consejeros del INE
No es la primera vez que consejeros denuncian la pérdida de colegialidad en el INE, un episodio similar ocurrió cuando en las leyes secundarias de la reforma judicial se otorgó a la consejera presidenta Guadalupe Taddei la facultad de designar a titulares de Direcciones y Unidades Técnicas del instituto.
Taddei no consultó con sus pares los nombramientos y el conflicto escaló cuando colocó a Jesús Octavio García González en la Dirección de Administración, en medio de señalamientos por presunto conflicto de interés, ya que había fungido como representante de una empresa que buscaba ganar la millonaria licitación para producir la credenciales de elector durante los próximos años.
Otros desencuentros que han tenido lugar en el Consejo General electoral se dieron durante la calificación de la elección judicial, donde algunos consejeros solicitaron que se declarara no válida por la proliferación de acordeones con nombres de los candidatos a juzgadores.