Las "cloacas" del PSOE presionaron a Cerdán para apretar a Marlaska

Desde las «cloacas» del PSOE trasladaron al entonces hombre fuerte Santos Cerdán su descontento porque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «no había hecho nada por limpiar» los elementos de la Guardia Civil, la judicatura y la Fiscalía que, a su juicio, actuaban de manera irregular y movidos por pulsiones ideológicas.

Le reprocharon que, tras casi seis años de Gobierno progresista, y siendo Grande-Marlaska, además, miembro de la Carrera judicial, no se hubiesen puesto en marcha medidas para acabar lo que entre ellos denominaban la «UCO política», en alusión a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Según consta en las conversaciones a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, este reproche se lo dirigieron el grupo formado por Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y la periodista fallecida Patricia López al entonces secretario de Organización del Partido Socialista en las reuniones que mantuvieron en Ferraz en abril de 2024, coincidiendo con los recordados cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.

Un encuentro al que, recordemos, también asistió Antonio Hernando, que era «número tres» del gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa; Juan Francisco Serrano, mano derecha de Cerdán, e Ion Antolín, que ejercía como director de comunicación de la formación socialista.

Tal y como relata uno de los miembros de las supuestas cloacas en un wasap, al que ha tenido acceso este diario, entendieron que el jefe del Ejecutivo se tomó tiempo para pensar porque se le estaba «chantajeando con hacer públicas las grabaciones de dentro de las saunas» que regentaba su suegro, Sabiniano Gómez.

Esta misma persona explica por WhatsApp a su interlocutor, ajeno a las supuestas maniobras, que, como tenían «audio y documentación» sobre las saunas, decidieron contárselo a Díez y es esta la que monta «la reunión» con el que era «número tres» del PSOE.

Dieron el paso, señala en la conversación, después de que el material ya hubiese sido publicado «sin mayor repercusión» en el medio digital «Crónica Libre», que dirigía la recientemente fallecida López.

Estas reuniones fueron, además, confirmadas en sede judicial por Cerdán y por el ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones en el marco de la causa que investiga a Díez por presuntamente liderar un plan para recabar información «comprometedora» y, asimismo, desacreditar a mandos de la UCO, ofreciendo, a cambio, beneficios, con el fin de suavizar las actuaciones que afectan al círculo más próximo a nivel familiar y político del jefe del Ejecutivo.

Cerdán negó, sin embargo, ante el magistrado Arturo Zamarriego cualquier operación en este sentido. Al respecto, explicó que se sentó con Díez y Dolset porque López le trasladó que tenían «información que afectaba al PSOE».

«Nos dijeron que eran los audios del señor (José Manuel) Villarejo. Cuando alguien habla de esos audios, dice que no son legales», explicó Cerdán durante su testifical, al tiempo que añadió que las grabaciones en cuestión los aportó Pérez Dolset al «caso Villarejo», dos años antes de que tuviese lugar esta cita. En aquel entonces, la Fiscalía y el juez instructor del caso no apreciaron indicios de delito en las grabaciones.

La exmilitante socialista está investigada junto a Dolset y el periodista Pere Rusiñol por delitos de tráfico de influencias y cohecho por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, a raíz de una serie de grabaciones que apuntarían a las ya mencionadas maniobras para desacreditar a fiscales, jueces y varios mandos del Instituto Armado.

El instructor del caso está a la espera de la «prueba pericial» que ordenó para comprobar la validez del audio aportado por el fiscal Ignacio Stampa de la reunión que mantuvo Díez y Dolset, a fin de «valorar las circunstancias concretas en las que se produjeron las grabaciones».

Unos audios en los que Díez no se reconoce y respecto a los que espera que no se tomen en cuenta en la causa porque, a su juicio, podría vulnerar sus derechos fundamentales a la intimidad o al secreto de las comunicaciones.

Al margen de todo ello, la exmilitante socialista está también imputada junto al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y al supuesto socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, por su presunta participación en una trama de amaño de cinco contratos públicos por valor de 132 millones de euros.

La investigación, dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se centra en la posible comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Aunque el procedimiento continúa bajo secreto de sumario, todo apunta a que esta medida, que se prorrogó recientemente un mes más, se levantará el próximo día 7 de abril, tal y como reveló este periódico. Se trata de una fecha que coincidirá con el comienzo de juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García, ante el Tribunal Supremo por el «caso Koldo».

Se prevé, además, que el levantamiento del secreto de la investigación precipite que los investigados que no han comparecido aún en la Audiencia Nacional sean citados a declarar a lo largo de los meses de mayo y junio.

En paralelo, cabe recordar, que fue justo hace una semana cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar las diligencias que mantenía abiertas en los últimos seis meses para analizar el contenido del pendrive que Díez entregó en Ferraz el pasado mes de junio.

El PSOE puso a disposición del Ministerio Público este dispositivo para esclarecer si había algo delictivo, pero, tras un informe de la UCO, la Fiscalía concluyó que no hay datos nuevos ni indicios de criminalidad.