Empresarios y caballos de Troya
Ninguno de los dos grandes empresarios que apoyaron a Francisco Cervantes a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial en 2022 pudo anticipar lo que sucedería: su entrega total al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y menos aún que, en el proceso, la parte más oscura del régimen vinculada con el crimen organizado fuera penetrando al llamado CCE y colocando a sus piezas en todo el país. Cervantes, servil como pocos, no vio lo que estaba sucediendo ante tanta genuflexión cuando comenzaron a infiltrar empresarios ligados al crimen organizado en los consejos réplica del país.
En el sector empresarial hay quienes detectaron la presencia de empresarios con dudoso respaldo y están contratando empresas que les ayuden a investigarlos. Pero hay muchos más que aún no se han percatado de que su medio ha sido infiltrado. Tampoco está claro si en el CCE, que agrupa a 14 organizaciones cúpula del sector privado que representan cerca de 80% de la riqueza nacional, se han percatado del cáncer que comienza a infectarlos ante la estrategia de políticos y criminales que están dispuestos a disputarles el poder económico.
Las organizaciones delincuenciales y los políticos que son parte de su estructura –en algunos casos, cabezas de ellas–, que nacieron como parte de la economía alterna criminal que se construyó durante el gobierno de López Obrador, son una faceta más de la penetración salvaje de estas mafias que están queriendo apoderarse de todas las áreas productivas en México, como parte de esta evolución que han tenido a lo largo de los años: primero, a nivel local, con el control de las policías, que se fue ampliando de los municipios a los estados en las áreas de finanzas, obras y aguas, mientras que iban avanzando en la imposición de regidores, alcaldes, diputados y otros cargos de elección popular.
Las redes empresariales vinculadas al crimen organizado han servido como caballos de Troya en el sector privado, al abrirse las puertas para el lavado de dinero, para identificar en dónde estaban las vulnerabilidades del gremio para las actividades ilícitas y cobros de piso, así como para controlar el cabildeo con las autoridades en los diferentes niveles de gobierno. Hay aspectos más delicados, como conseguir imponer a los representantes patronales en las mesas de negociación con los patrones en el IMSS y el Infonavit. No existe, hasta donde se sabe, ninguna investigación federal sobre la penetración del crimen organizado en el sector empresarial, ni cómo se facilitó su desdoblamiento desde altas esferas del CCE para encontrar a los responsables de ello.
Sin embargo, en Estados Unidos comenzaron a seguir varias pistas, y los primeros objetivos de inteligencia sobre quienes hay investigaciones en curso son:
Iván Antonio Pérez, director general de Desarrollo Económico Municipal de Ciudad Juárez, que lleva la relación empresarial de al menos una aspirante al gobierno de Chihuahua.
Olivaldo Paz Gómez, que preside la filial en Tijuana de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, está respaldado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila –a quien Washington mantiene la cancelación de su visa– y tiene como principal apoyo a Fernando Castro Trenti, que aspira a ser gobernador de Baja California y que tiene abierta una investigación en Estados Unidos por presuntamente haber abierto las puertas de Argentina a varias organizaciones criminales mexicanas, cuando se desempeñó como embajador durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que trajo capitales del kirchnerismo a México.
Guillermo Romero Rodríguez, que perdió hace dos años la alcaldía de Mazatlán al contender por una coalición encabezada por el PAN, que incluía al PRI, al PRD y al Partido Sinaloense, que fundó Héctor Melesio Cuén, que llevaba las relaciones políticas de Ismael El Mayo Zambada y que fue asesinado en julio de 2024, cuando, junto con el gobernador Rubén Rocha Moya, iba a tener una reunión con el entonces jefe del Cártel de Sinaloa.
Guillermo Salgado Mendoza, presidente de la Canaco en La Paz, Baja California Sur, apoyado por Alonso Gutiérrez Martínez, subsecretario de Turismo y Economía estatal.
El sector empresarial, como tal, no había sido sujeto de ninguna investigación específica en Estados Unidos, y los casos en donde se involucró a empresarios fueron a nivel individual, pero no como parte de una estrategia del crimen organizado para infiltrar sus organizaciones cupulares y cámaras, lo cual está sucediendo en la actualidad.
El caso más importante de todos, históricamente hablando incluso, fue el de Casa de Bolsa Vector, fundada y dirigida por Alfonso Romo, que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, lavó dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación. La relevancia de Romo es que durante más de una década fue el enlace de López Obrador con el sector empresarial, quien, al llegar a la Presidencia, lo nombró jefe de Oficina. Romo debió haber pensado que podría monetizar todos los años de apoyo a López Obrador, sin darse cuenta de que el régimen lo estaba utilizando para lavar dinero.
El crimen organizado no podría funcionar sin sus interfaces empresariales para el lavado de dinero –a través de la industria de la construcción–, la logística –mediante el transporte terrestre y marítimo, principalmente– y el sistema financiero –utilizando instituciones financieras, como sucedió con Vector, CIBanco e Intercam el año pasado, y otros de mayor envergadura, como el banco Wachovia, que lavó millones de dólares para cárteles mexicanos y les abrió la puerta del sistema financiero en 2004.
Lo que se está viendo en México con los empresarios que son objetivos de la inteligencia estadounidense es del tipo llamado “empresario híbrido”, donde se combinan negocios legales con operaciones ilícitas, como sucedió a finales del año pasado con el dueño del certamen Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, cuyo emporio incorporaba un negocio criminal: el contrabando de combustible.
La penetración del crimen organizado en el sector empresarial tomó al sector privado desprotegido, ante la falta de mecanismos de cumplimiento, el compliance en un gran número de empresas, para fortalecer el gobierno corporativo, disponer de instrumentos para prevenir el fraude y regulaciones anticorrupción, así como la adherencia a los estándares internacionales y la ciberseguridad.
Las investigaciones en Estados Unidos son un baño helado y una llamada de alerta para los empresarios sobre la calidad de sus liderazgos, para evitar que, en el futuro inmediato, sirvan de coartada para expandir las redes criminales en sus narices.