Pradales ultima otra cumbre con Sánchez antes de Semana Santa para cerrar más acuerdos, pero no aún las pensiones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, están cuadrando agendas para cerrar cuanto antes una nueva reunión en Madrid que deberá servir para avanzar en temas de interés común, incluido el desarrollo estatutario. La parte vasca confía en que, como se prometió, este encuentro de alto nivel se produzca antes de los festivos de Semana Santa. Técnicamente, será una “comisión bilateral”.

En la cita se constatarán algunos avances con respecto a la anterior reunión, de finales de enero. Por ejemplo, hay acuerdo para la creación de un “órgano bilateral” en el que las instituciones vascas coparticipen en la toma de decisiones sobre los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia. Lo ha habido también para que Euskadi se siente en dos organismos internacionales, Unesco y ONU Turismo. Pero no lo hay aún sobre el gran asunto pendiente del Estatuto de 1979, la transferencia de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, que se llegaron a cifrar en 2024 en 12.000 millones de euros, el equivalente al 75% del presupuesto autonómico actual.

El origen de estas 'cumbres' hay que buscarlo en la investidura de 2023. En aquel momento, Sánchez pactó con el PNV que en dos años, es decir, antes del final de 2025, se habrían resuelto los flecos pendientes del Estatuto, que es de 1979. Desde entonces se han ido produciendo acuerdos, como los traspasos de Cercanías o de los permisos de trabajo. Pero llegó la Navidad y no estaba todo cerrado, como se había prometido. El PNV llegó a alzar la voz y a condicionar su apoyo a la delicada mayoría gubernamental en el Congreso, pero finalmente a finales de enero se cerraron algunos acuerdos en materias como las políticas pasivas de empleo o, lo que es lo mismo, la cesión a Euskadi del Sepe estatal y del pago de las prestaciones y subsidios de paro.

Fue entonces, en La Moncloa, cuando Sánchez y Pradales fijaron un nuevo hito en el calendario: Semana Santa. La realidad es que, desde entonces, las reuniones han sido una constante. Han sido en Madrid o telemáticas, como la celebrada este mismo lunes por la tarde con el secretario de Estado Arcadi España como interlocutor de la consejera vasca que comanda las negociaciones, María Ubarretxena. El PSE-EE, como socio del PNV en Euskadi y responsable de muchas de las nuevas materias transferidas, también está implicado en las conversaciones.

Las fuentes consultadas asumen que va a ser imposible tener todos los temas pendientes cerrados en estos pocos días. El gran elefante en la habitación sigue siendo el de la gestión de las pensiones. Los Gobiernos central y vasco han iniciado ya la transferencia de la Seguridad Social, la primera vez que algo así ocurre con cualquier comunidad autónoma. Pero la parte política y económicamente más relevante, los 12.000 millones de las pensiones, sigue sin estar cerrada. El terreno de juego, en todo caso, está ya acotado: el Estado seguirá fijando la normativa y cuantías y no habrá afección a la denominada 'caja única' de solidaridad interterritorial. Euskadi será un nuevo cajero, como marca su Estatuto desde hace casi medio siglo y aún no se ha cumplido.

El propio Pradales, en su última visita a Madrid de enero, fijó otras prioridades por delante de la Seguridad Social, aunque en ningún caso dio a entender que podría sufrir el enésimo retraso. En la lista hay otras transferencias pendientes, pero ya de menor relevancia, como la gestión de los paradores de turismo o de asuntos relacionados con la matriculación o los permisos de vehículos. Hasta ahora, los Gobiernos central y vasco sólo han discrepado abiertamente sobre una demanda de los nacionalistas, la de ampliar la transferencia de Puertos ya realizada en 1982 para que Euskadi gestione el de Pasaia, ahora de “interés general” y, por lo tanto, de competencia exclusiva del Estado. En aeropuertos, sin embargo, sí han encontrado una fórmula “negocial” para saciar la demanda del PNV de que las instituciones locales tengan algo que decir en materia de inversiones y rutas en una comunidad sin AVE sin tocar la competencia de Aena. Foronda, de hecho, será un “sandbox” o banco de pruebas de un nuevo modelo de gestión, según se ha anunciado.

Igualmente, Pradales extendió otra lista de reclamaciones a Sánchez. Se insistió en pedir más capacidades en materia migratoria como “frontera norte” de España -también para la Ertzaintza-, en lograr fórmulas para dar estabilidad a la profesión médica en un contexto de escasez de personal -el consejero Alberto Martínez tiene una guerra abierta desde hace meses con la ministra Mónica García- y en iniciar ya la renovación del Cupo, el pago que hacen los territorios forales al Estado por los servicios que presta y que se regula por una ley quinquenal.

En su rueda de prensa en La Moncloa, Pradales hizo una lista de “cumplimientos” y otra de “incumplimientos”. Él mismo admitió que, cuantitativamente, eran más los primeros. Pero afirmó también que, en lo cualitativo, hay algunos de los segundos que son flagrantes. “Los incumplimientos del Gobierno español se producen en materias esenciales para el bienestar de los vascos”, dijo textualmente el lehendakari. Y agregó: “Los compromisos adquiridos no se han cumplido en su totalidad. He trasladado mi preocupación al presidente. Porque en estos tiempos de desafección política, ser fiel a la palabra dada y a los documentos suscritos entre ambos Gobiernos es, más que nunca, una obligación irrenunciable”.

De su lado, el ministro Ángel Víctor Torres resaltó la “lealtad” con la que opera el Gobierno central en relación a Euskadi. Él también hizo una enumeración y contó 22 traspasos de competencias desde 2018, doce de ellos desde 2023. “Somos un Gobierno que cree en el Estado de las autonomías”, recalcó.