Fondo Soberano de Riqueza: ¿qué dicen los expertos sobre esta propuesta impulsada por Alfonso López-Chau?
En medio de la carrera electoral, Alfonso López‑Chau propone la creación de un Fondo Soberano de Riqueza en el Perú, un instrumento de inversión estatal que, según el candidato, podría impulsar la actividad productiva.
La iniciativa ha generado debate sobre su financiamiento, especialmente en torno al posible uso de las reservas internacionales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y los excedentes fiscales.
En ese contexto, el candidato presidencial sostiene que la economía peruana enfrenta una contradicción estructural: pese a mantener una “economía sumamente estable” en el plano macroeconómico, el crecimiento se encuentra “realmente estancado”, con un potencial cercano al 3%, cifra que considera insuficiente para alcanzar el desarrollo.
Además, plantea la necesidad de mejorar la gestión de los recursos públicos y propone la creación de un fondo soberano como un camino viable para impulsar la inversión productiva y diversificar la economía.
La propuesta, sin embargo, ha generado diversas críticas. Frente a ello, José Marcelo, economista y jefe del plan de gobierno de Ahora Nación, señaló a La República que las declaraciones de Alfonso López-Chau han sido malinterpretadas. “El candidato nunca ha planteado utilizar las reservas internacionales para financiar gasto corriente”, señaló. “Es decir, no se propone usar las reservas del BCRP para cubrir planillas, pagos o bonos”.
Según explicó, en caso de que se evaluara su uso, este estaría orientado exclusivamente a inversiones de largo plazo. “El fondo soberano tiene como objetivo atender problemas estructurales, es decir, aquellas problemáticas que el país arrastra desde hace años”, indicó.
Asimismo, señaló que parte de la polémica responde a una interpretación equivocada de la propuesta, que algunos han entendido como un intento de desestabilizar la economía. No obstante, aseguró que desde Ahora Nación buscan abrir un espacio de diálogo para alcanzar consensos.
En esa línea, Marcelo indicó que la eventual creación de este fondo se realizaría con asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI) y bajo la supervisión del Banco Central de Reserva.
“El Fondo Soberano, sea cual sea el origen de sus recursos, siempre se implementa con la anuencia del Banco Central de Reserva”, recordó, citando declaraciones del candidato presidencial. Además, destacó que López-Chau ha manifestado su respaldo a la continuidad de Julio Velarde al frente del BCRP y que, de concretarse el fondo soberano, le gustaría que también asumiera la presidencia de dicho mecanismo.
Finalmente, López-Chau ha mencionado antecedentes del debate sobre fondos soberanos en el Perú. Según recordó, la idea fue discutida en gobiernos anteriores. “En su momento se habló de la creación de este fondo durante el gobierno de Alan García. Pedro Pablo Kuczynski también mencionó en otra oportunidad que sería una buena idea. Son propuestas que ya han estado sobre la mesa”, señaló
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“No es una idea anómala, se utiliza en todo el mundo”
Para sustentar su propuesta, López‑Chau recurre a experiencias internacionales. Países como Noruega, Arabia Saudita, China y —sin ir más lejos— Chile, han creado fondos soberanos para administrar excedentes de divisas o ingresos provenientes de materias primas. “Chile tiene un fondo soberano. Entonces, ¿por qué no hacemos lo que han hecho los chilenos?”, señaló a la prensa.
En medio del debate, el economista Armando Mendoza explicó a La República la viabilidad de esta figura en el contexto peruano. Señaló que los fondos soberanos no son una figura desconocida, ni anómala, pues muchos países —como Noruega o Arabia Saudita— utilizan estos instrumentos sustentados en ingresos provenientes del petróleo. Añadió que en el Perú también existen mecanismos similares a nivel local, como el Fondo Común, el FONCOR o el Fondo de Compensación Regional, que permiten redistribuir recursos hacia municipalidades y gobiernos regionales.
Sin embargo, Mendoza advirtió que el uso de las reservas del BCRP para este fin “tiene varios problemas”. Entre ellos, precisó que constitucionalmente “no se puede” y que ello implicaría alterar la misión del Banco Central: “Su función fundamental es garantizar la solidez de la moneda peruana, no hacer negocios ni préstamos”. Además, recordó precedentes históricos, como la crisis económica de los años 80, cuando el BCR fue controlado por el Ejecutivo y utilizado como “caja chica del Estado”.
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Pese a estas reservas, Mendoza consideró positiva la idea de un fondo soberano, pero enfatizó que no debe financiarse con las reservas internacionales. Propuso que el Banco de la Nación sea el actor principal y que los recursos provengan de superávits fiscales, fondos no ejecutados del presupuesto público, sobreganancias mineras o la revisión de exoneraciones tributarias injustificadas.
Por su lado, Arturo García Villacorta, director del Colegio de Economistas de Lima, señaló a este diario que el problema no radica en el concepto del fondo soberano, sino en la forma de financiarlo. Explicó que estos fondos existen en numerosos países y que su objetivo es preservar la riqueza a largo plazo, estabilizar la economía ante crisis, crear fondos de ahorro para futuras generaciones y promover proyectos estratégicos de desarrollo.
También remarcó que las reservas internacionales cumplen un rol específico: proteger al país ante desequilibrios en el comercio exterior. Por ello —indicó— no pueden destinarse a gasto corriente ni a inversión, pues se desnaturalizaría su objetivo, del mismo modo que ocurriría con el uso indebido de fondos de pensiones.
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El especialista insistió en que el Perú podría formar un fondo soberano de riqueza, pero únicamente con excedentes fiscales provenientes de superávits, ingresos tributarios extraordinarios o regalías extractivas. Solo tras ajustar el gasto fiscal y generar excedente, sería viable “alimentar este fondo soberano de riqueza”.
Ambos economistas coinciden en que el Perú podría implementar un fondo soberano de riqueza, pero advierten que su financiamiento y gobernanza serán claves para evitar que la iniciativa comprometa la estabilidad macroeconómica del país.