Riesgo democrático
En el marco del proyecto de negociación colectiva multinivel, el Gobierno decidió retirarlo de tramitación pese a que ya había sido aprobado en general por la Comisión de Trabajo. Surge entonces una pregunta clave: ¿Es jurídicamente procedente este retiro?, ¿constituye una interpretación correcta del reglamento y de las reglas que rigen el funcionamiento democrático del Congreso Nacional?
El Ejecutivo ha sostenido que la única instancia que impediría el retiro de un proyecto es tras su votación directamente en sala, y no su aprobación en comisión. Bajo esta tesis, el pronunciamiento de diputados y diputadas —válidamente electos y designados por los comités parlamentarios conforme a su representación— no resultaría oponible para efectos de impedir el retiro.
Sin embargo, esta interpretación desconoce la lógica del procedimiento legislativo.
La aprobación en general de un proyecto implica un acuerdo sobre la idea de legislar, abriendo paso a la discusión en particular, etapa en la cual la propia comisión revisa artículo por artículo, incorpora indicaciones —tanto de parlamentarios como del Ejecutivo— y perfecciona el texto. Solo tras este proceso, que puede extenderse por meses, el proyecto es despachado a la sala.
Bajo el criterio del Gobierno, se produciría una consecuencia difícil de justificar: una comisión podría aprobar en general, debatir extensamente el articulado, introducir modificaciones sustantivas e incluso despachar el proyecto a la sala pero, justo antes de su votación en sala, el Ejecutivo podría retirar cualquier proyecto, suprimiendo de facto todo el debate democrático previo.
La paradoja se hace evidente al observar otros casos. Por ejemplo, la modificación a la ley de pesca (Boletín N° 16.500-21), iniciada en enero de 2024, ha sido aprobada en general y ha avanzado en su discusión en particular durante un tiempo prolongado, con múltiples indicaciones presentadas. No obstante, al no haber llegado aún a la sala, bajo esta lógica podría ser retirada en cualquier momento, pese al trabajo legislativo ya desarrollado.
Por ello, resulta necesario cuestionar la interpretación sostenida por el Gobierno respecto del alcance de la aprobación en general en comisión y la posibilidad de retirar el proyecto. No se trata solo de una discusión reglamentaria, sino de un problema institucional más profundo: una lectura de este tipo abre espacios de discrecionalidad que tensionan el equilibrio entre poderes y debilitan el rol de un órgano autónomo como el Congreso Nacional, sometiendo eventualmente a parlamentarios y parlamentarias al capricho del Poder Ejecutivo de turno, lo que afecta la certeza y legitimidad del proceso legislativo y abre pasos preocupantes al autoritarismo.
Francisco Neira abogado socio Estudio Jurídico La Firma, excoordinador legislativo del Ministerio del Trabajo.