PP y Vox impiden a la oposición el control de la Junta de Extremadura en funciones

Sin ayudas al campo ni explicaciones sobre las oposiciones a maestros, que se han convocado esta semana. PP y Vox han vuelto a unir sus fuerzas, aunque siguen sin ser capaces de sellar un pacto de Gobierno, para impedir que la Asamblea de Extremadura controle la acción del Gobierno regional en funciones. Ambos han tumbado este viernes la solicitud de un pleno extraordinario por parte de Unidas por Extremadura para valorar cuestiones como los efectos de la guerra de Irán y el proceso selectivo docente.

Por ello, la portavoz de la coalición de izquierdas, Irene de Miguel, ha denunciado que la Asamblea permanezca “amordazada” después de cinco meses desde que se desconvocó por un adelanto electoral que, ha dicho, “no ha servido para nada más que para complicar la situación de gobernabilidad de esta tierra y la vida de muchos extremeños”.

Para De Miguel, PP y Vox “no ven necesario dar explicaciones” porque “solo le importan los sillones que se están repartiendo”, según dice, no con mucha prisa, porque “tienen asegurado el sueldo a fin de mes” mientras se desconoce cuándo habrá un pleno de investidura.

Tras defender la función de control de la acción de gobierno, como reconoce el Estatuto de Autonomía, “aunque esté en funciones”, ha censurado que PP y Vox vean “innecesario” que exijan medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán como la subida de los carburantes que afecta al bolsillo de los extremeños y que está “complicando mucho” la situación de empresas que prestan el servicio de transporte escolar.

También ha defendido la necesidad de que haya ayudas directas a los agricultores para compensar los daños por las borrascas; y de hablar del “grave incendio” que afectó a la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz que, ha dicho, si en lugar de en la planta de personas válidas se hubiese producido en la de dependientes, hoy estarían poniendo “una denuncia a la Junta ante los tribunales”.

A ello ha sumado el “anticonstitucional” decreto que modifica una ley que aprobó el propio PP para “dar funciones a un gobierno en funciones” generando “un esperpento jurídico” que “sonroja a cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de leyes”. En este sentido, la portavoz de Unidas por Extremadura considera necesario que el gobierno en funciones dé explicaciones de la convocatoria de oposiciones, que es “ilegal” y crea “inseguridad jurídica” para miles de opositores.

Ante la negativa de PP y Vox a debatir estas cuestiones, la portavoz de Unidas por Extremadura se ha preguntado si aporta algo a la vida de los extremeños el “sainete” y el “culebrón cutre” en el que están inmersos estos dos partidos a la espera de que Abascal “se baje del caballo y les diga lo que tienen que hacer”, porque “aquí no pintan nada”.

El “secuestro” del poder legislativo

El PSOE también ha denunciado el “bloqueo” del poder legislativo extremeño por parte de PP y Vox. El diputado José María Vergeles ha advertido de que la democracia no puede estar en funciones y de que un gobierno que no se somete a fiscalización parlamentaria es “un gobierno que tiene mucho que ocultar”. Por eso ha criticado que María Guardiola “haya decidido estar en funciones para trabajar y, sin embargo, tener plenas facultades para seguir con los pactos oscuros y para secuestrar a la Asamblea durante más de cinco meses”, lo que ha considerado un “atropello” a la democracia con el silencio del presidente de la Cámara, Manuel Naharro.

Tras aclararle a Guardiola que “la democracia no es en ningún caso que los extremeños voten cuando a ella le dé la gana”, sin que se rindan cuentas, ha criticado que se atribuya “poderes que no le corresponden” con la anuencia de su partido y de Vox.

Vergeles ha insistido, en ese sentido, en que la presidenta en funciones de la Junta “tiene bloqueada esta tierra por su capricho, por su soberbia y por su falta de autonomía en las decisiones”, además de lamentar que solo le rinda cuentas a las sedes estatales de su partido y del de Santiago Abascal.