Donde ya no manda la ley

¿Qué pasa cuando una sociedad pierde los mecanismos para resolver sus conflictos?

La respuesta es directa: los conflictos no desaparecen. Lo que desaparece es la posibilidad de procesarlos. Y cuando eso ocurre, el desacuerdo, el conflicto, deja de pasar por cauces institucionales y se mueve a un lugar de fuerza, desesperación, venganza, justicia por propia mano.

Ese me parece uno de los signos más inquietantes del momento que vive México.

Durante décadas, nuestro país vivió con un arreglo defectuoso, pero arreglo al fin. No teníamos un Estado de derecho pleno, pero existían mecanismos —muchas veces informales— que contenían parte del conflicto social.

No era un orden necesariamente justo, pero había mediación. Me refiero a que había instancias que mediaban tensiones, administraban disputas y evitaban, al menos en algunos casos, que todo escalara de inmediato.

Lo que hoy observamos es distinto: estamos debilitando los mecanismos legales e institucionales de mediación y resolución de conflictos sin contar con un orden político, legal o social capaz de sustituirlos.

Por eso la imagen adecuada no es la del reemplazo. Es la del vacío.

Ese vacío se vuelve visible en episodios que no podemos normalizar. Pienso en el caso reciente de Carlota, acusada de matar a dos personas durante una disputa por una vivienda en Chalco que ella y su familia reclamaban como propia.

El caso sacudió por su crudeza, pero sobre todo por lo que deja ver: detrás del hecho no hay solamente un crimen. Hay una controversia patrimonial que no encontró una vía eficaz, legítima y confiable de resolución. El conflicto no fue procesado. El conflicto estalló.

Lo mismo puede decirse de los linchamientos. El trabajo de Sandra Ley, profesora distinguida de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, muestra que en los linchamientos suelen confluir percepción de vulnerabilidad, hartazgo colectivo, falta de confianza en las autoridades y la existencia de estructuras comunitarias capaces de movilizarse rápidamente.

No son episodios accidentales o arrebatos colectivos: son una forma extrema de justicia por propia mano en contextos donde la autoridad ha dejado de ser una vía creíble para procesar el conflicto.

Esto importa porque obliga a nombrar bien el problema.

El problema de México no es simplemente la inseguridad. Tampoco es solo la impunidad. Es la erosión de los mecanismos que permiten transformar el conflicto en una “controversia regulada”.

La ley cumple precisamente esa función: no elimina el desacuerdo, pero lo saca del terreno de la confrontación directa y lo coloca en un terreno de reglas compartidas, procedimientos reconocidos y autoridades con legitimidad para arbitrar.

Cuando esto no existe o se debilita, lo que queda no es un nuevo orden. Queda una intemperie social en la que cada quien se siente obligado a defender por sí mismo lo que cree suyo.

Y entonces cada conflicto se vuelve más inmediato, más personal, más absoluto.

Y me permito seguir la línea argumentativa que Fernando Escalante ha expuesto en algunos de sus artículos: en México nunca terminamos de pasar de un orden mediado por operadores políticos y redes a uno mediado de manera plena por reglas impersonales y por la ley.

Y hoy, al debilitar las instituciones legales, tampoco tenemos ya esas mediaciones políticas funcionando con eficacia. Lo que aparece es un vacío, lo reitero.

Pero incluso ahí yo marcaría una diferencia importante. En el viejo régimen había mecanismos de control político que estructuraban relaciones y contenían conflictos. Hoy no tenemos eso.

Lo que aparece no es un poder central eficaz capaz de arbitrar, sino una fragmentación peligrosa: fiscalías que no investigan, policías desacreditadas, jueces cuestionados, autoridades locales rebasadas, comunidades agraviadas y ciudadanos que terminan actuando por cuenta propia.

Eso deteriora algo más que la legalidad. Deteriora la civilidad.

Porque la civilidad no consiste en la ausencia de conflicto, sino en la existencia de mecanismos que evitan que el conflicto derive en violencia.

Eso es justamente lo que hoy se ve amenazado.

Por eso conviene tomarse en serio las escenas que describo líneas arriba: sobre qué pasa cuando una sociedad empieza a perder la capacidad de resolver sus conflictos por medios institucionales.

Y esa es una conversación mayor.

Porque una sociedad puede sobrevivir al conflicto. Lo que difícilmente sobrevive es a la pérdida de los mecanismos para procesarlo. Ahí ya no hay desacuerdo regulado. Hay vacío.

Y los vacíos, en política y en la vida social, rara vez permanecen vacíos. Los llena la fuerza. Los llena el miedo. Los llena la violencia.