El Gobierno aprueba un plan anticrisis de 5.000 millones con 80 medidas sin ayudas directas generales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio tendrá 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria".
Según ha detallado el presidente del Gobierno, el Ejecutivo ha puesto encima de la mesa un plan abarca medidas estructurales, paquete fiscal, focalización en los sectores más afectados y escudo social para los más vulnerables. En concreto, reforzará la apuesta por las energías renovables y minimizará el coste energético y eléctrico, a través de medidas fiscales, se actúa sobre del impacto de la subida de los carburantes, donde se pone especial atención en el campo, la pesca, los transportistas y las industrias electrointensivas y gasintensivas, y se amplía el escudo social, como por ejemplo la imposibilidad de cortes de suministro energético a los más vulnerables.
Como medidas urgentes y principales, el Consejo de Ministros ha aprobado la reducción del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%; la rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos, con lo que se busca abaratar el precio de la gasolina y el diésel; reducción del IVA de la luz y el gas del 21% al 10%; rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y la suspensión del IVA de la producción eléctrica, para reducir los costes del sistema y evitar que se reflejen en la factura final de los consumidores.
En concreto, el Gobierno va a reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina, por lo que el Ejecutivo ha renunciado definitivamente a la bonificación de 20 céntimos por litro de forma generalizada para todos los conductores que se aplicó en la crisis inflacionaria de la guerra de Ucrania para evitar "efectos distorsionadores". Pero ese descuento de 20 céntimos por litro de diésel sí se ha aprobado para los transportistas con derecho a devolución del gasóleo profesional a través del impuesto especial de hidrocarburos. También se incluirá una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo para uso agrario y una ayuda extraordinaria y temporal por vehículo para los transportistas que no se benefician de la devolución.
Además, el Gobierno va a suprimir el impuesto de generación eléctrica -que es del 7% y que pagan las compañías- y a rebajar el impuesto especial de electricidad -que es del 5,11% y pagan los consumidores-. Como refuerzo del escudo social, el decreto mejora el bono social eléctrico -con un descuento sería del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos- y la garantía de suministro de agua y energía, y se ha incluido la deducción del 15 % en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos que decayó en el decreto ómnibus rechazado en el Congreso.
Otra de las medidas que se incluyen en el plan del Gobierno es la deducción en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, así como la prohibición del despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas. Se incorporan medidas para simplificar y acelerar procedimientos administrativos para renovables, para favorecer el despliegue de las instalaciones de almacenamiento y para simplificar el autoconsumo compartido en barrios, municipios y polígonos industriales, y se introduce un programa de apoyo técnico y administrativo para cooperativas energéticas y se prevé la posibilidad de reservar parte de la capacidad en subastas de renovables para proyectos municipales o comunitarios.
El Ejecutivo también ha descartado la rebaja del IVA de los alimentos y tampoco se ha atrevido a incluir medidas como la prohibición de los desahucios a personas vulnerables ni la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año y el siguiente, ya que ambos asuntos no contaban con suficiente apoyo en la Cámara y se ha visto obligado a obviarlos, con el consiguiente enfado de sus socios parlamentarios, lo que ha provocado el plante de los ministros de Sumar.
Aunque el decreto ley tendrá una entrada en vigor inmediata, deberá someterse a votación en el Congreso para su convalidación o derogación. Será el próximo jueves, 26 de marzo, cuando tendrá lugar el debate en la cámara, ya que la Junta de Portavoces ha decidido que, cuando el decreto ley llegue al Congreso, se calificará rápidamente en la Mesa de la Cámara para incluirlo en el Pleno de inmediato y así no demorar más la convalidación. Desde el Gobierno aseguran que este plan cuenta con flexibilidad suficiente para que las medidas presentadas pasen este trámite.
La Comisión Europea ha trasladado que no va a haber ningún tipo de flexibilidad en cuanto a las reglas fiscales por el impacto del conflicto en Oriente Próximo, aunque no descarta que si la guerra se alarga pueda cambiar de posición.