Antidroga discrepa del procesamiento "por fases" en la causa del exjefe narco de la UDEF

La Fiscalía Antidroga no alcanza a comprender por qué el juez que ha investigado a la presunta red de narcotráfico que mantiene en prisión al exjefe de la UDEF en Madrid ha procesado "por separado y en distintas fases" a los implicados, en lugar de hacer una fotografía "global" de la "estructura criminal".

El magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge propuso juzgar hace más de un mes a Ignacio Torán, considerado líder de la red, y a otros implicados, entre ellos Alejandro Salgado, el Tigre, sobre el que pesa una orden de detención y a quien se situó en Dubái.

Semanas después, el pasado 6 de marzo, el juez hizo lo mismo con el inspector jefe de la Policía Nacional Óscar Sánchez, su mujer -también policía- y otros investigados por blanqueo, y en ese auto avanzaba que próximamente habría nuevos procesamientos.

Esa forma poco habitual de procesar a los investigados de una presunta organización criminal ha sido cuestionada por la Fiscalía Antidroga, y también por algún imputado como el propio exjefe de la UDEF en Madrid, en sus recursos contra la decisión del juez.

A esta red, con la que se cree que el inspector Sánchez cooperó "estrechamente" dándole cobertura y garantizando su impunidad, se le atribuye la introducción en España de unas 73 toneladas de cocaína en 39 contenedores desde 2020. El juez cree que, a cambio, el policía percibió 32,6 millones de euros.

La necesidad de completar la investigación

Antidroga recurrió ambos procesamientos al considerarlos prematuros, por faltar aún diversas diligencias de investigación por completar que permitirán concretar "aspectos esenciales" vinculados a las dinámicas de blanqueo de "las ingentes cantidades obtenidas en metálico" por la organización.

En uno de sus recursos, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía muestra también sus dudas de ese "procesamiento por partes", que "no permite apreciar en su justa medida la concreta posición de cada uno de los procesados en la estructura criminal enjuiciada ni la verdadera dimensión de esta".

Antidroga recuerda que en esta causa no hay piezas separadas y que los delitos investigados -tráfico de drogas, blanqueo, cohecho y revelación de secretos- habrían tenido lugar "en el seno de una organización criminal", un delito que "tiene una entidad y complejidad propias que requieren de la acreditación de todos sus elementos".

Además, en relación al auto de Óscar Sánchez, considera que "el bloque de procesados elegido no resulta completo" porque no se incluyen algunas sociedades que habrían facilitado el blanqueo de capitales a través de la adquisición de licencias VTC o bienes inmuebles, ni tampoco se menciona la "colaboración esencial" de otros implicados.

La Fiscalía subraya la dificultad de proporcionar "una imagen integral de la actuación y la implicación de cada uno de los miembros en la estructura criminal sin aportar el relato íntegro".

Aunque admite que el juez ha hecho "una aproximación cierta y adecuada a la actividad imputada" al inspector, considera que los hechos atribuidos al resto de procesados "se describen de forma escueta" y que, aunque se decida mantener el procesamiento por separado, es necesario "concretar de forma individualizada las líneas generales de la conducta que se imputa a cada uno".

Comisiones rogatorias a Irlanda, Panamá o Colombia

En sus recursos, la Fiscalía expone que aún están pendientes los resultados de diversas comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación cursadas a países como Irlanda, Panamá, Colombia, Lituania o Estonia, que buscan seguir el rastro del dinero presuntamente blanqueado por la trama.

Ese presunto lavado del dinero de la droga es "una parte esencial de la actividad delictiva" que se atribuye a la red, que habría desplegado "una extensa operativa" a través de empresas, no solo a nivel nacional, sino también internacional, que se suma al uso de medios que "mayor anonimato proporciona en el movimiento de activos: la inversión en criptomonedas".

Por eso la Fiscalía da importancia a las líneas de investigación "todavía no acabadas" y a las "relevantes" diligencias aún pendientes, que podrían aportar nuevos datos de las operativas desarrolladas y derivarse en nuevas diligencias.